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miércoles, 14 de junio de 2023

Polvorín penitenciario, el desafío del próximo Gobierno.

El abogado Ángel Barchini será el ministro de Justicia del Gobierno de Santiago Peña y tendrá la principal tarea de solucionar el drama de las cárceles, con el hacinamiento, presencia de facciones criminales y corrupción institucional. El sistema penitenciario en nuestro país se encuentra al borde del colapso desde hace varios años.


Ángel Barchini es el cuarto anunciado en el gabinete de Santiago Peña. El primero fue Enrique Riera en el Ministerio del Interior, el segundo, Rubén Ramírez Lezcano en la Cancillería Nacional  y el tercero, Juan Carlos Baruja en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Barchini se encontrará con un sistema penitenciario a punto de estallar, con muchas debilidades, como el hacinamiento, la presencia de grupos criminales y la tremenda corrupción interna.


Un informe del Mecanismo Nacional de Pre­vención de la Tortura (MNP) habla de que el 98% de todas las cárceles del país está con una superpoblación crítica. Además un altísimo porcentaje de los reclusos están sin condena.




El hacinamiento en las cárceles es un caldo de cultivo para las facciones criminales, tales como el Primer Comando Capital – PCC, el cual logró articular una red de soldados, captando a los reos dentro de las cárceles para extender así la red de tráfico de drogas dentro de los centros de reclusión y a la vista de todos. Lo mismo ocurre con el clan Rotela.


Estos grupos se convirtieron en una grave amenaza para la seguridad interna del país, por lo que el próximo Gobierno tendrá la principal tarea de desactivarlos.



El problema se acrecienta con la corrupción interna que existe entre los funcionarios. Uno de los problemas es el bajo salario que perciben guardiacárceles, quienes a diario se ven tentados por cifras millonarias por parte de capos del crimen organizado que operan en las cárceles, con apoyo externo.


De momento, la política del Gobierno actual es crear más cárceles, mientras cada vez crece más la población penitenciaria y la bomba está a punto de estallar en las narices de las autoridades que demuestran su completa incapacidad para solucionar el problema de raíz.

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