El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dijo a ABC que el 2 de julio pasado se realizó un pedido de información “de oficio” a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de averiguar los antecedentes de la empresa contratada de forma directa y sin concurso para la “regularización” de tragamonedas.
Es que, como se viene denunciando, poco y nada se sabe de quiénes realmente están detrás de esta misteriosa empresa que nace como iCrop recién en 2018 y que tiene como representante a Ariel Peña, exfuncionario de la Quiniela (empresa que en febrero pasado ya advertía que Peña y otros extrabajadores están desvinculados de la compañía). Se sospecha que las tragamonedas son el “negocio” de políticos de distintos puntos del país, por los escasos controles en el rubro.
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Fernández explicó que ante la falta de respuesta a un primer pedido, la Senac reiteró su solicitud de informes el 8 de julio e insistió en conocer los antecedentes administrativos de iCrop SA y los documentos vinculados a la Resolución N° 34/2020 de Conajzar que autoriza las actividades de la citada compañía y el contrato correspondiente, así como los reportes de locales censados y catastrados hasta la fecha. La institución ya respondió aunque aún no está listo el reporte final de Senac.
Se observa que la reiteración del pedido se hizo al día siguiente de la convocatoria de la Comisión de Hacienda del Senado al Ministerio de Hacienda y Conajzar para pedir explicaciones. En esa ocasión se presentó el viceministro de Economía, Ivan Hass, quien respondió que la comisión es un ente autónomo. Esa respuesta no convenció y a la semana siguiente, el jueves 15 de julio, se aprobó la interpelación de José Ortiz (fecha a definir).
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Por otra parte, el ministro Anticorrupción observó la falta de transparencia de Conajzar, pues los documentos de dicha institución no son de libre acceso para la ciudadanía en su portal web. De hecho, lo último que se puede apreciar en dicha página son documentos del año 2017, es decir, solo hay informaciones que datan del Gobierno pasado del expresidente Horacio Cartes.
Sin embargo, aunque el Ejecutivo esté pidiendo informes, se sabe que él mismo aprobó la designación de cada uno de los integrantes de la Comisión que son representantes de varias instituciones, a quienes nombra mediante decretos: Por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) está Carmen Corina Alonso; por las municipalidades, Ricardo Núñez Giménez; gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón Blaires; Ministerio del Interior, Omar Rodrigo Mongelós González; y en la presidencia como representante del Ministerio de Hacienda está José Antonio Ortíz Báez.
Millonaria recaudación
El acuerdo del Estado con la mencionada empresa privada establece la “regularización” de 50.000 tragamonedas, por las cuales iCrop a través de sus “agencias” de varios puntos del país está cobrando entre G. 300.000 y G. 450.000 al mes por cada máquina. Del monto cobrado (que varía según criterios desconocidos), apenas queda a Conajzar un jornal mínimo (G. 88.051). De concretarse la meta de 50.000 máquinas, la recaudación mensual será de US$ 652.229 para el Estado y US$ 1,5 millones para la firma privada.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/18/anticorrupcion-investiga-contrato-de-regularizacion-de-tragamonedas/
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