Nueva denuncia contra Conajzar

La denuncia fue presentada por el veterano Roberto Villagra Alcaraz y el capitán Alejandro Grance, excombatientes y directivos de la UPV.

Los directivos de la UPV-Chaco habían presentado ya en setiembre pasado una denuncia contra la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP), propiedad del expresidente Juan Carlos Wasmosy y concesionaria de la quiniela.

En el documento original habían denunciado los supuestos hechos de apropiación, lesión de confianza y evasión de impuestos, que habrían sido cometidos por parte de la firma.

Esto debido a que la empresa no cumplió con el pago de un impuesto que debía ser destinado al sostenimiento de los beneficios que corresponden a los veteranos y sus herederos.

En el nuevo escrito, los excombatientes ampliaron la denuncia e incluyeron a la firma Mepshow SA, que había sido la anterior explotadora de la quiniela.

Basan la denuncia en que los directivos de TDP sostuvieron que ninguna firma explotadora de la quiniela había pagado nunca la tasa que correspondía a los veteranos.

Varios de los directivos de Mepshow figuran hoy en TDP SA.

También contra Conajzar

En la ampliación, los veteranos también denuncian a los miembros de la Conajzar, actualmente conformada por José Ortiz Báez (representante de Hacienda); Raúl Silva Busto (Ministerio del Interior); Ricardo Núñez (Municipalidades); Rubén Rousillón (Gobernaciones); y Carmen Corina Alonso (de la Diben).

En particular, contra el ente regulador denuncian la supuesta comisión del hecho punible de omisión de evitar un resultado (comisión por emisión).

Esto debido a que el ente no cumplió con su obligación de requerir el cumplimiento con el pago de las tasas por parte de los concesionarios de los juegos de azar.

Inconstitucionalidad

En 2015, la firma TDP SA fue adjudicada para explotar durante cinco años la quiniela. En el pliego de bases y condiciones de la licitación y en el contrato firmado con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), la empresa del expresidente Wasmosy se comprometió a cumplir con el pago de varias tasas establecidas en diferentes leyes.

Una de esas leyes era la Ley 431/73 que estableció retenciones que debían ser destinadas a honorarios para excombatientes de la Guerra del Chaco.

Ni bien fue adjudicada, la firma de Wasmosy presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria y la 431/73.

La concesionaria de la quiniela aseguró que estaba ante una doble imposición impositiva.

La Corte Suprema rechazó la acción.

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