La abogada Rosy Pérez, representante del accionante, puntualizó que la propiedad individualizada como Lote Nº 123 fue adquirida por Mallorquín a finales del año 2001, del Instituto de Bienestar Rural (actualmente Indert) y fue pagando de forma anual. “En el 2005 mi cliente terminó de pagar por la finca y en noviembre de ese año el IBR le otorgó la adjudicación y en el 2007 se le entregó el título de la propiedad”, explicó.
Pérez resaltó que en el 2013, un “grupo de matones que estaba liderado por los hermanos Édgar y Sandra Silvera Burgos” ingresó al inmueble con armas de fuego en mano, realizaron disparos intimidatorios, y los dueños del terreno tuvieron que salir del sitio, tras ser amenazados de muerte.
La profesional señaló que el abogado José Prieto supuestamente formaba parte de ese grupo de invasores.
El propietario planteó una demanda de reivindicación ante el Juzgado de Neuland y luego de varias chicanas el caso fue derivado al juez de Villa Hayes, Daniel Gómez Rambado, quien luego de 3 años hizo lugar al pedido del propietario y ordenó que los invasores se retiren de las tierras en cuestión.
Los ocupantes plantearon un recurso de nulidad de la cédula de notificación, pero Rambado no hizo lugar al planteamiento por lo que el caso pasó al Tribunal de Apelaciones integrado por los camaristas Carlos A. Lezcano, Jazmín Hermosilla y Ramón Martínez Gaimen.
Dicho tribunal hizo lugar al recurso planteado por la contraparte, por lo que el caso queda ahora a cargo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/04/accionan-contra-despojo-de-un-inmueble-en-el-chaco/
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