Familiares de un niño infectado con VIH en una transfusión reclaman una indemnización y mayor asistencia médica por parte del Estado.
Los padres de un menor que fue infectado con VIH durante un tratamiento médico realizaron una contundente protesta encadenándose frente a la sede del Ministerio de Salud. La manifestación busca conseguir una audiencia con la ministra María Teresa Barán y exigir una indemnización por el daño causado al niño.
Según relataron a periodistas, el menor inició en 2011 un tratamiento por un tumor estomacal que requirió una intervención quirúrgica, seis sesiones de quimioterapia y múltiples transfusiones sanguíneas que aparentemente provocaron el contagio.
La situación se agravó en 2012 cuando el estado del niño empeoró, obligando a la familia a acudir frecuentemente al Instituto Nacional del Cáncer (Incán) para recibir atención especializada. Sin embargo, fue hasta 2019 cuando, tras presentar síntomas como extrema delgadez, dolores estomacales, cefaleas intensas y molestias óseas, la familia descubrió la verdadera causa del
En una ocasión, tras regresar del colegio, el menor manifestó dolor de cabeza y oído, de donde comenzó a emanar sangre y secreciones purulentas, lo que motivó una nueva visita al centro médico.
En el Incán le informaron que requería una intervención quirúrgica y debía realizar estudios previos en el Hospital de Clínicas.
“Ellos me dicen: ‘Este estudio tenés que mandar a hacerle a tu hijo. Sale G. 3 millones y medio’. Yo tengo que mandar hacerle a mi hijo, yo tengo que conseguir de todos lados para hacer”, relató la madre con evidente angustia. Durante dichos análisis se detectó que el menor estaba infectado con VIH. La primera prueba en el Incán resultó reactiva, pero una enfermera solicitó repetirla alegando que la muestra se había contaminado. La segunda prueba confirmó el diagnóstico positivo, que fue comunicado posteriormente por una de las médicas tratantes.
La profesional de la salud aseguró a la familia que el contagio probablemente ocurrió durante las transfusiones sanguíneas, mencionando incluso que situaciones similares habían ocurrido en otro Hospital Nacional con otros pacientes. La madre explicó que durante los años de tratamiento, su esposo trabajaba intensamente como chofer de colectivo para cubrir los gastos médicos.
“Nosotros no teníamos ni un guaraní. Lo que él ganaba, entre G. 100 mil y G. 150 mil por día, nosotros al día siguiente gastábamos todito en el hospital”, afirmó. También relató que debían organizar eventos comunitarios como hamburgueseadas o polladas para costear estudios especialmente costosos.
El impacto de la enfermedad trascendió lo médico y afectó profundamente el entorno social y económico de la familia. La madre reveló que tenían una despensa, pero debido al estigma asociado al VIH, los clientes dejaron de comprar.
“Nosotros teníamos nuestra despensa y el tavy, la ignorancia de la gente, nadie compra más de nosotros”, comentó, agregando que incluso sus familiares los excluyen de reuniones sociales. Actualmente, el joven sigue un tratamiento retroviral, pero para atenciones especializadas como odontología y oftalmología deben recurrir a servicios privados.
La situación familiar se complicó aún más cuando el padre sufrió un derrame cerebral hace dos años que le impidió seguir trabajando, quedando sin ingresos fijos.
“Venimos acá para dialogar, para hablar y para pedir justicia. Lo que necesitamos es una indemnización que el Estado debería darnos, porque en institución pública le pasó esta cosa a mi hijo”, manifestó el padre durante la protesta.
El abogado de la familia informó que el proceso civil ya está en marcha, con el expediente judicial caratulado adecuadamente. El proceso seguirá el curso legal correspondiente, pasando por la Procuraduría General y el Ministerio de Salud. Sin embargo, existe disposición para buscar un acuerdo con las actuales autoridades sanitarias.
“El interés superior es la vida, que tiene que ser protegida por el Estado. Fue vulnerado este niño a través del sistema. La sangre vino sin hacerse el protocolo correspondiente”, enfatizó el letrado, solicitando una compensación que permita al menor y su familia tener una vida digna tras la negligencia sanitaria que cambió su futuro irremediablemente.
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