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jueves, 14 de julio de 2022

La Contraloría remitió 95 denuncias a la Fiscalía

El contralor general entregó ayer su informe anual a los titulares de la Cámara Baja y del Senado. Indicó que realizaron 270 auditorías así como 95 denuncias remitidas al Ministerio Público en el marco de presuntos desvíos de fondos durante la pandemia.

Recalcó el caso de los “Insumos chinos” en que el Ministerio de Salud Pública pudo recuperar US$ 20 millones.

En el caso del MOPC, señaló el “Puente Ñanduti” en que la CGR advirtió que era innecesario en la zona y con un sobrecosto de G. 2.800 millones. Dijo que enviaron el caso a la Fiscalía pero que desconocía el avance.

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Subrayó que también hubo auditorías en las gobernaciones de Central, Guairá, Alto Paraguay y Boquerón cuyos informes acabaron con la destitución del gobernador de Central Hugo Javier González y la intervención de la administración de Juan Carlos Vera, ambos cartistas.

En este punto indicó que hicieron 95 denuncias fiscales sobre presuntas irregularidades en intendencias y gobernaciones.

Indicó que las comunas y jefaturas departamentales representan el 5% del presupuesto nacional, sin embargo, constituyen el 95% de las denuncias que llegan a la CGR ya que afecta más de cerca a la ciudadanía.

En el caso de Asunción, dijo que hicieron varias auditorías a la gestión de Mario Ferreiro (PRF) y Óscar Rodríguez (ANR, cartista) concluyendo que la comuna siempre opera en forma irregular en licitaciones y no tiene intención de cambiar.

Recalcó además que la Junta Municipal dice tener 1.400 funcionarios en un edificio de dos pisos, insinuando que esto es imposible.

“La Contraloría tiene menos funcionarios, alquilamos nueve casas en un barrio y estamos hacinados”, señaló.

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En otro punto dijo que sigue pendiente la auditoría a las binacionales Yacyretá e Itaipú debido a que desde octubre pasado la sala constitucional de la Corte Suprema no define la acción entablada.

Benítez anunció que el año entrante impulsará un programa que cambiará el paradigma del sistema de control que actualmente ocurre después de las irregularidades para volverlo en tiempo real.

Señaló que pedirá al Ejecutivo impulsar la transformación digital o Big Data para centralizar todos los documentos estatales y advertir irregularidades con una inteligencia artificial.



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