El imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, utilizó un verdadero sistema para poder utilizar el dinero público, especialmente los fondos covid, evadiendo a las instituciones de control. Sin embargo, el esquema quedó al descubierto a partir de una simple verificación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR).
Facturas clonadas, pagos por obras existentes y transferencias a ONG sin estar habilitadas eran algunos de los hallazgos más resaltantes. El caudal de evidencia le valió al jefe departamental centralino, luego de meses de denuncias, la apertura de un proceso penal por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
No obstante, Hugo Javier, no fue el único que recurrió a un método para el despilfarro de la plata pública. En los últimos meses saltó el caso de su colega de Guairá, el correligionario e integrante del mismo movimiento, Juan Carlos Vera Báez.
Vera Báez también procedió a repartir los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo para la reactivación económica a ONG. En este caso la repartija fue para 17 entidades “sin fines de lucro”, según la rendición de cuentas.
En el caso de Guairá, informes de la CGR, Senac y denuncias de concejales departamentales evidenciaron que el jefe departamental justificó el uso del dinero público con obras de dudosa calidad, además los pagos no coincidían con los desembolsos realizados.
A estas acciones, de por sí groseras, se sumaron situaciones más graves como ser que el jefe departamental guaireño entregó G. 3.749 millones del total de los recursos recibidos a una ONG presidida e integrada por sus subordinados. Se trata de Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, a cargo de Carlos Augusto Ramos.
Ramos figuraba como encargado de Acción Social cuando recibió el dinero público. Actualmente ocupa el cargo de asesor de gabinete con un salario mensual de G. 4.500.000, según la planilla de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Además de Ramos, la ONG tenía como miembros a otros funcionarios; Rigoberto Marín Fariña y Aarón Menzel. Este último incluso aparece como presidente de otra ONG beneficiada con plata pública, la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, que recibió G. 614 millones.
Cobros en efectivo y en ventanilla por las ONG
El gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera Báez, no solo calcó el sistema de entregar los fondos covid a ONG como su colega de Central, el imputado y con arresto domiciliario Hugo Javier González, sino también permitió el cobro en efectivo y en ventanilla de la plata pública. En ambos casos, este pisoteo a la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN), quedó al descubierto luego de una verificación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
En el caso de Guairá, los cheques emitidos por la Gobernación del Guairá para el Consejo de Emergencia Departamental salieron en forma nominativa a favor de Carlos Augusto Ramos y Luis Alfredo Servián, presidente y tesorero de la ONG, respectivamente. “Las transferencias no se realizaron al consejo como persona jurídica como tampoco el dinero se transfirió a alguna cuenta bancaria, debido a que la comisión no cuenta con productos bancarios”, dice el informe de la Senac.
Los auditores de Anticorrupción detallan que los cheques de G. 1.400 millones, G. 800 millones y G. 290 millones (G. 2.490 millones) fueron cobrados por Carlos Augusto Rodas en ventanilla y en efectivo.
En tanto, en el caso de Central, los G. 6.382 millones también fueron cobrados en efectivo y en ventanilla por los miembros de las ONG beneficiadas; el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) el Consejo Regional de Salud.
Pagó por luces existentes
En el caso de Central, Hugo Javier González, presentó en su rendición de cuentas el pago de G. 390 millones, a través de la ONG CIAP, por el asfaltado del acceso a la sede de la Gobernación de Central. Sin embargo, tras una pesquisa de la fiscalía se evidenció mediante imágenes satelitales que el citado pavimento ya existía cuando la entidad “sin fines de lucro” recibió el dinero público, es decir, se pagó por una obra hecha con anterioridad.
El gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera, no se quedó atrás en ese punto. Tal es el caso de la lumínica del estadio la Liga Guaireña de Fútbol.
El jefe departamental presentó en su rendición de cuentas que transfirió G. 750 millones a la liga por dicha obra. Sin embargo, el trabajo ya se realizó un año antes, con una empresa totalmente diferente a la factura presentada por la gobernación.
Sobre este hallazgo, Vera Báez ensayó la excusa de que el dinero transferido era para cubrir un “préstamo” que se había utilizado por esa inversión.
Silencio, tras allanamientos
Una comitiva fiscal, liderada por la agente Liliana Alcaraz, encabezó el 30 de marzo último allanamientos en el marco de la investigación al gobernador del Guairá por el uso de los US$ 2.000.000 del fondo covid. Durante el procedimientos, los intervinientes hablaron de una serie de hallazgos como que el pabellón de contingencia financiado con la plata de la emergencia no estaba habilitado por el Ministerio de Salud Pública.
Esta obra que incluyó una planta generadora de oxígeno costó G. 3.000 millones. El proyecto fue gerenciado por la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, presidido por Carlos Augusto Ramos, según los documentos adjuntados a la rendición de cuentas presentada a la Contraloría General de la República.
Lo llamativo es que luego de las publicitadas intervenciones, el Ministerio Público se llamó a silencio. No infomó más sobre el avance de la investigación al jefe departamental del Guairá.
Salvado por legisladores colorados
Un pedido de intervención también alcanzó al imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Sin embargo, pese al rosario de irregularidades diputados colorados lo rechazaron el 15 de diciembre del año pasado.
Ahora, ante el inminente colapso administrativo de la institución departamental se anuncia una nueva solicitud para tratar de devolver la gobernabilidad, atendiendo el arresto domiciliario decretado para González por el supuesto mal uso del fondo covid.
En el caso de Guairá actualmente está en estudio un pedido de intervención de la gestión del cartista Juan Carlos Vera Báez. Sin embargo, legisladores de su movimiento ya salieron a defenderlo con la excusa que se trata de “errores administrativos” y no existe un dictamen contundente de la CGR.
Un argumento casi idéntico cuando con mucha caradurez se salvó a Hugo Javier y las consecuencias son el actual caos en Central.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2022/04/24/un-esquema-calcado-pero-con-agravantes/
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