El 27 de agosto último, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, creó un equipo de trabajo integrado por los fiscales de Luque Sandra Ledesma Espinoza, Agusto Ledesma Blasser y el fiscal adjunto Roberto Zacarías, responsable de coordinación del grupo.
El día anterior, 26 de agosto, el ciudadano argentino Domingo Faustino Ascensio, propietario de Ascensio Automotores y Ganadera Santo Domingo SRL, presentó una denuncia por invasión de inmueble en el distrito de Tavai, departamento de Caazapá.
En menos de 24 horas, Sandra Quiñónez dispuso que un fiscal adjunto y dos agentes del Ministerio Público investiguen la denuncia de Faustino Ascensio.
El equipo de fiscales de Luque realizó su intervención el 11 de noviembre último. El operativo fiscal debió llevarse a cabo en el distrito de Tavaí, objeto de la denuncia.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público se transladaron al distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa, donde intervinieron dentro de la propiedad de la señora Yolanda Acosta de Miguelin, propietaria de 288 hectáreas según consta en el Registro Público; cuentan con mensura judicial.
Despojo de propiedad sin orden judicial
El abogado Paolo Castiñeira Roche presentó la denuncia de invasión en nombre de la firma Agroganadera Santo Domingo, de Faustino Ascensio, y acompañó el procedimiento fiscal en Itapúa, aunque el inmueble denunciado se encuentra en Caazapá.
Al llegar los fiscales, acompañados de un fuerte contingente policial de Caazapá, la propietaria se presenta ante los fiscales con el título de propiedad en la mano, ejerciendo plenamente la posesión del inmueble donde está cultivando granos.
Ante la insistencia de Yolanda Acosta de Miguelin de entregar a los fiscales la copia de su título de propiedad, los agentes del Ministerio Público ordenaron su detención y traslado hasta Luque, a 360 kilómetros de su hogar.
En el acta policial consta que los fiscales ordenaron entregar la posesión del inmueble al abogado Paolo Castiñeira Roche; esta atribución está reservada exclusivamente a jueces, quienes expresan su decisión a través de sentencias.
Yolanda Acosta de Miguelin y su esposo fueron despojados de su propiedad, sin mediar orden judicial.
“Falta de seriedad y objetividad”
Los fiscales imputaron a la familia Miguelin en pleno por invasión de inmueble ajeno y solicitaron prisión preventiva para todos ellos.
El Juzgado Penal de Garantías de Caazapá, a cargo de Blanca Tillería de Cristaldo, dictó el auto interlocutorio número 515 rechazando el pedido de prisión.
El documento incluye la siguiente acotación: “La afirmación fiscal no reposa en ningún elemento objetivo... por lo que trasunta la falta de seriedad y objetividad y más aún para requerir la medida cautelar más gravosa de todas”, con referencia al pedido de prisión preventiva (negritas en el original).
Agrega el auto interlocutorio 515 lo siguiente: “Si bien no se requiere de un grado de certeza en esta etapa, no es menos cierto, y no debemos obviar que en el análisis sobre este punto a los efectos de asumir que la persona imputada sería autor o partícipe del hecho que se trata, deben existir hechos suficientes que permitan sostener razonablemente la sospecha de su participación, y en el presente caso existe una total orfandad de elementos objetivos a ese menester”.
Intentamos conversar sin éxito con la fiscal Sandra Ledesma, llamando al 0983 terminación 333, y con el abogado Paolo Castiñeira Roche 0991 terminación 980. Algo deberían decir.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/18/la-intervencion-de-fiscales-de-luque-no-tiene-seriedad-ni-objetividad/
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