En la plenaria de la semana pasada, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, leyó una nota presentada al presidente de la Corte, César Diesel, que la firmó en forma conjunta con su colega, Alberto Martínez Simón.
“Existen causas penales en las que se dilatan en exceso la realización de las audiencias públicas: sean preliminares o de sustanciación del juicio oral, mediante la interposición de una enorme cantidad de recusaciones planteadas contra los integrantes de los tribunales de sentencia y los miembros de los Tribunales de Apelación e incluso contra los ministros de la Sala Penal de la Corte. Esta práctica muy repetida dilata enormemente la buena marcha de los procesos, lo que no solo conspira contra el progreso de los mismos hacia el dictado de la sentencia, sobre el fondo de la discusión, sino que conspira contra la imagen de la seriedad del Poder Judicial en su integridad”, puntualizó Jiménez Rolón.
Enfatizó que tanto él como Martínez Simón consideran “imperiosa la necesidad de detectar las causas penales que se ven afectadas por la marcha irregular de los procesos, de manera que la Dirección General de Auditoría de Gestión pueda analizar los mismos y si fuere el caso elevar los resultados al Consejo de Superintendencia para que esta adopte las medidas disciplinarias que correspondan”.
Jiménez Rolón recordó la acordada 709/11 y su modificatoria la número 961/15, en las cuales se establecen las sanciones tanto para los abogados chicaneros, como el castigo a los jueces que no velan por el normal desarrollo del proceso como lo señala claramente la ley.
Tres años después
La propuesta para combatir la dilación judicial, que siempre fue un grave problema en la administración de justicia, al igual que las chicanas y la mora, Jiménez Rolón la hizo después de tres años de haber asumido el cargo. El 10 de octubre de 2018, el mismo junto a Manuel Ramírez Candia había jurado como ministro de la máxima instancia judicial.
Es inadmisible, que ninguno de los ministros, sobre todo los nuevos que prometieron reformar el Poder Judicial, no se hayan preocupado y ocupado de elaborar un plan para combatir la mora, la dilación y las chicanas. Ahora, que se están dando las prescripciones masiva a raíz del fallo de la doctora, Carolina Llanes, en el caso Camilo Soares, los ministros se apuran en buscar solución al grave problema, que indefectiblemente lleva a la impunidad escandalosos robos al Estado y otros hechos punibles.
El “descubrimiento” que hicieron ahora los ministros, después de dos y tres años de estar en la Corte, hace pensar que solo se quieren “lavar las manos” con los jueces y camaristas, cuando que las dilaciones en su mayor parte se dan en las Salas Civil, Penal y Constitucional del alto tribunal. Esto se puede ver en los diferentes procesos que están prescribiendo.
Los ministros no pueden eludir su responsabilidad en este tema. La Corte como cabeza del Poder Judicial debió tomar medidas hace rato. En vez de ocuparse de proyectos para tomar examen a los abogados, hubieran controlado la buena marcha de los procesos, para que así se pueda dictar sentencia y dar respuesta a los usuarios de justicia y a la ciudadanía.
El ministro Luis María Benítez Riera, presidente de la Sala Penal, felicitó a Jiménez Rolón y a Martínez Simón por la propuesta elevada a la Corte. Benítez Riera, como presidente de la referida sala y responsable del fuero penal del Poder Judicial, no presentó ningún proyecto para combatir la dilación, la mora y las chicanas, pese a estar ya hace años en la Corte Suprema.
La desidia de los integrantes de la Sala Penal y de los ministros en general, es la que lleva a la prescripción masiva de las causas penales. Si hubieran adoptado medidas, como lo establecen las acordadas, con respecto a los magistrados que no sancionan a chicaneros, los procesos iban a tener desarrollo normal. Además, la propia Corte debe resolver en plazo las acciones y recursos que se presentan en juicio.
Auditorías
El ministro Manuel Ramírez Candia, por su parte, pidió apurar el resultado de las auditorías ordenadas con respecto a las 30 causas que fueron prescritas por la Sala Penal. Dijo que la Dirección de Auditoría tiene que decir si tiene o no la capacidad para los estudios. En la sesión, se resolvió que funcionarios de otras dependencias serán designados para colaborar con los auditores para acelerar las conclusiones. Ya hay resultados, pero la Corte no da a conocer.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/31/corte-oculta-nombres-de-responsables-de-prescripciones-y-busca-lavarse-las-manos/
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