Uno de los casos muy sonados en su momento fue el denunciado en el 2017 por supuestas irregularidades en la cancelación de créditos de 81 asociados con la participación de la firma Karaku SRL (se dedica al rubro informático), por un monto de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones) a través de refinanciaciones. La citada firma sin ser financiera estaba interviniendo en operaciones entre los jubilados, pensionados y la Caja Bancaria.
Por otra parte los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro Ortíz, Xavier Hamuy Campos Cervera, José Caballero y Miguel Oro Domínguez están acusados por la Fiscalía por lesión de confianza, en grado de autores a raíz de una denuncia de malversación para la ampliación y mejoras en la Quinta Ykya Ybumi. También hubo observaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) y finalmente el caso fue elevado a juicio oral y sigue su curso.
Auditoría confirma serias falencias en caja bancaria
Sancionados por el BCP
Por otra parte, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) instruyó en el año 2019 sumario administrativo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, así como a sus directivos José Antonio Caballero (presidente), Ángel Chamorro, Miguel Domínguez y Xavier Hamuy, miembros del Consejo Administrativo y de Control, por incumplimiento grave de disposiciones reglamentarias.
El BCP objetó la contratación de un “seguro médico extra” para casos de excesos en cobertura, por deficiencias en el proyecto, por lo cual solicitó informes al Consejo de la Caja, que no fueron atendidos en el tiempo, lo que es configurado como falta grave.
Conflicto por contratación de seguro en caja bancaria
Otro de los puntos indicados en la resolución del BCP se relaciona con la falta de respuesta de otra disposición del órgano de control, sobre la elaboración de un plan de ajustes gradual y racionalización de gastos.
A raíz de la falta de respuesta a las disposiciones establecidas en las notas SBSN 162/2019, 171/2019 y 540/2019 el directorio de la banca matriz resolvió en fecha 16 de marzo de 2020 sancionar a José Caballero y demás directivos mencionados al pago de una multa equivalente a 51 salarios mínimos cada uno (G. 111 millones) y de 101 salarios mínimos para la entidad (G. 222 millones). Los directivos de la Caja apelaron la resolución, pero el BCP se mantuvo en sus criterios, por lo que pasó a instancias judiciales. Es decir los efectos de esta sanción están suspendidos hasta que se resuelva la cuestión judicial interpuesta por los directivos de la Caja para revertir la disposición del regulador.
Otro punto sin resolver en la directiva de la Caja es la falta de resolución del Poder Ejecutivo ya que hasta la fecha, el presidente de la República Mario Abdo Benítez no emitió el decreto que ratifique y avale los cargos de los actuales directivos que fueron electos en el 2019 y que fenece en el 2023.
Conflicto con la SET
La Caja Bancaria además tiene un pleito judicial con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el pago del IVA por los intereses de los préstamos otorgados entre 2013 y 2019, que rondaría más de G. 36.000 millones, que le había costado en su momento la inhabilitación para el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) generando a sus asociados una serie de inconvenientes.
Este y otros casos más de demandas ante la Justicia por supuestas infracciones administrativas, le está costando millonarios recursos a la Caja Bancaria, por representaciones a la institución y a sus directivos, recursos que finalmente afectan al fondo de las jubilaciones.
Jubilados deben pagar IVA atrasado, según SET
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/09/varias-denuncias-sin-resolver-por-supuestas-fallas-administrativas-en-la-caja-bancaria-peligran-recursos/
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