Hasta el 2019, el 77% de la población de los más de 4.100 presos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se encontraba sin condena. La causa que inició el motín fue por el traslado a la sede de la Agrupación Especializada de Orlando Efrén Benítez, de 35 años, peligroso reo que contaba con una despensa dentro del penal de Tacumbú.
De los siete fallecidos confirmados hasta el momento, Julio César González Cáceres (35) y Julio César Shareamm Barrios (31) eran las únicas dos personas con condenas. Mientras que Roberto Ríos (49), Alexis Miranda Candia (24) y Fernando Ortiz Echeverría (26) tenían causas en pleno proceso judicial, sin contar con aún con culpa ni pena. Todos se encontraban presos por robo y hurto agravado.
En tanto que en el 2018, González Cáceres (35) fue condenado a 27 años de prisión por haber asesinado a su propio hijo de 5 años, en la zona de Chaco’i. Ocurrió el 17 de marzo del 2015, cuando el niño pasaba el fin de semana con su padre. En tanto que Shareamm Barrios fue condenado a 9 años de prisión por robo agravado en Salto del Guairá.
González Cáceres había llamado a su expareja y madre del chico a comentarle lo que había hecho. Incluso, le dio detalles de la forma en que asesinó a su hijo y dónde dejó el cuerpo. “Le asfixié, le tapé la boca y le asfixié, ¿entendés?”, manifestó en su momento, el ahora fallecido.
“El problema no es solo Tacumbú”
En tanto que el especialista en Criminología, el doctor Juan Martens, manifestó que esta es la realidad del sistema penitenciario en que urge una reconversión para que las cárceles paraguayas dejen de ser “depósitos humanos”, sino que puedan ser centros de tratamiento para los condenados.
“El problema no es solo Tacumbú, sino todo el sistema y que los centros penitenciarios dejen de ser depósitos humanos y se conviertan en centros de tratamiento. Hay facciones que ocupan territorialmente, en el caso de Tacumbú es el clan Rotela y aprovechan estos momentos para tomar venganza y se producen las muertes lamentables”, afirmó el especialista.
Solicitó que los centros penitenciarios deben contar con médicos, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros, que puedan ayudar a mejorar la situación.
“La violencia se vuelve más brutal, va profundizándose antes que mejorar la situación. El Estado debe contar con estrategias para recuperar el control al interior de las cárceles. Hoy controlan el perímetro, pero el interior de la penitenciaría sigue estando en manos de internos que no están para gestionar cárceles, sino para recibir tratamientos”.
El hecho se habría iniciado ya en horas de la madrugada de este martes pasado tras darse a conocer el traslado de Orlando Efraín Benítez, un interno sindicado como proveedor de sustancias prohibidas dentro del reclusorio, pero la situación no había pasado a mayores.
Mientras que por la tarde de ayer nuevamente se produjo un amotinamiento, esta vez con la quema de colchones y con la resistencia plena de los internos. Ante esta situación, se tuvo que recurrir a la fuerza mediante los antimotines, quienes tuvieron que realizar disparos de balines de goma para dispersar a los reos. Horas después se confirmó el fallecimiento de seis personas privadas de libertad.
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