Paraguay ocupa el primer lugar en embarazo de niñas y adolescentes en el Cono Sur. En un solo año, la cantidad de niñas y adolescentes con sus hijos se puede equiparar con el número de personas que caben en el estadio Defensores del Chaco, es decir, alrededor de 42.000. Los departamentos con más casos de niñas embarazadas son Caaguazú, Alto Paraná y Central, según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La problemática golpea con mayor fuerza a las comunidades indígenas, donde 2 de cada 20 niñas tienen el primer hijo antes de cumplir 15 años.
La campaña Ñañangareko, llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con la cooperación del Gobierno de la India, quiere reforzar su mensaje a la ciudadanía de que una niña embarazada es una persona que ha sido víctima de abuso sexual.
Toda niña o adolescente que se embarazó es porque ha sido violada: este es el mensaje que los impulsores de Ñañangareko quieren transmitir claramente a la población. Pese a que existen leyes como la 6002/17, que determina que los hombres a quienes se atribuye ser parejas de menores de 14 años pueden ser imputados por abuso sexual con una expectativa de pena de hasta 20 años de prisión, o la 5419/15, que establece que todas las personas que no hayan cumplido los 18 años no podrán casarse legalmente, con excepciones a partir de los 16 años, las uniones tempranas son una práctica aún arraigada y, a veces, consentida por los progenitores y demás adultos de la familia.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2017) ha puesto el problema en números: 45.547 mujeres entre 13 y 19 años están unidas o en matrimonio. La situación se da con mayor frecuencia en zonas rurales que en áreas urbanas. Estas niñas y adolescentes pronto se convierten en madres, dejan de estudiar y viven subordinadas a sus parejas, que son mayores en el 85% de los casos.
Derechos vulnerados
Los casos de embarazo y muertes en parto de niñas y adolescentes son el resultado de la vulneración del derecho a la vida y de otros derechos, como el derecho a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva (Código de la Niñez y Adolescencia); el derecho a una vida libre de violencia (Constitución Nacional y el Código de la NNAA); el derecho a decidir con quién y cuándo conformar una familia (Constitución Nacional y Código de la NNAA), el derecho a la salud (Constitución Nacional y Código de la NNAA) el derecho al desarrollo integral y a una vida de calidad (Constitución Nacional y Código de la NNAA).
El embarazo adolescente es también consecuencia de la vulneración del derecho a la protección contra la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación, responsabilidad que, según la Constitución Nacional, recae en la familia, la sociedad y el Estado. Pero muchas niñas, al igual que Isabel, no son protegidas por su familia, ni por su comunidad.
Situaciones de niñas con derechos vulnerados se repiten en nuestro país ante la mirada indiferente de sus familiares, responsables y otros adultos de su entorno, pese a que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, e incluyen el deber de denunciar que tiene toda persona que tenga conocimiento de una violación de los derechos y garantías de la niña, niño o adolescente.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2020/08/16/nanangareko-1-de-cada-20-ninas-pobres-dio-a-luz-antes-de-los-15-anos/
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