El abogado Ezequiel Santagada explicó que el proyecto de ley que quedaría sancionado hoy no cambiará absolutamente nada en materia de publicidad de datos. Recordó que con la ley vigente se requiere de una orden judicial para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y eso seguirá vigente con la modificación que se planteará en Diputados.
“El problema del proyecto de ley que se pretende sancionar hoy es que despenalizaría el falseamiento de declaraciones juradas, no para nosotros los comunes, sino para la casta privilegiada de funcionarios públicos que deben presentar declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República”, resaltó el especialista.
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En ese sentido, explicó que si un funcionario “se equivocara”, no pasaría nada, se abriría un sumario, podría corregirlo y eventualmente pagaría alguna multa. “Hoy, en cambio, si se descubre que hay un falseamiento se abren procesos penales y la expectativa de pena es de hasta 5 años”, destacó en contacto con ABC Color.
Al respecto, recordó que gracias a esa normativa hoy tenemos políticos procesados por declaraciones juradas y con prisión preventiva.
“La Cámara de Diputados da por descontado que la Corte Suprema de Justicia va a hacer públicas las declaraciones juradas y por lo tanto no tienen mejor idea que despenalizar las declaraciones juradas falsas para que no les haga ni cosquillas el día de mañana que las declaraciones juradas sean públicas”, agregó Santagada.
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El abogado aseguró que es prácticamente seguro que los parlamentarios votarán a favor de este proyecto para volver a ocultar sus datos y quedará en manos del presidente Mario Abdo Benítez, quien deberá determinar si apoya o no la movida.
Con el objetivo de hacer más públicas las DD.JJ., sin necesidad de una orden judicial, el Senado había presentado un proyecto abogando por la liberación de los datos, lo cual fue aprobado por amplia mayoría. Sin embargo, en abril pasado los diputados volvieron a demostrar su oposición a que la transparencia avance.
Además de eliminar el libre acceso ciudadano a los documentos sobre la situación patrimonial de los funcionarios públicos, ahora pretenden dejar como cuestión administrativa la presentación de declaraciones falsas. El asunto será tratado hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja recién ayer dictaminó por ratificarse en su versión que modifica el proyecto original de los senadores, que contempla la liberación de los documentos sin restricciones. Hoy los diputados, para ratificarse en este ocultamiento de datos, precisarán de 41 votos (mayoría absoluta).
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