La presentación oficial se realizó en la Bicameral del Congreso. El Gobierno pretende pasar el examen al que será sometido en los próximos meses por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para no integrar la lista gris.
Una de las propuestas es la creación de las figuras del soborno privado y el transnacional, delitos inexistentes en nuestra ley penal actual, y que sí hay en otros países.
Para estos delitos, según la propuesta del Ejecutivo, se establecen penas de prisión de hasta tres años o con multa. En los casos más graves pueden llegar hasta a cinco años.
Asimismo, se instauran procedimientos especiales para el comiso e inmovilización de fondos o activos financieros, y la derogación de la prejudicialidad, figura muy usada para eludir procesos penales por parte de políticos.
JURISDICCIÓN. Además, también se crea una jurisdicción especializada en hechos de corrupción, crimen organizado y terrorismo, que tendrá juzgados penales de Garantías, tribunales de Sentencia que los juzgarán y tribunales de Apelación.
Se modifica también la Ley 4024 del terrorismo y se cambian artículos de la Ley 5896 de trasparencia de sociedades. Igualmente, se presenta un proyecto de ley que crea el Registro de Beneficiario Final de Personas Jurídicas.
Se propone la creación de la Secretaría de Inteligencia Financiera. Además se amplían disposiciones de la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal; exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La propuesta fue elaborada por una comisión integrada por representantes de los tres poderes del Estado, que trabajó tres meses.
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