Itaipú adjudicó USD 32 millones por pupitres con un sobreprecio de USD 27 millones. Vinculaciones políticas generan sospechas de irregularidades.
Un análisis comparativo entre los precios de mercado y el monto adjudicado por Itaipú Binacional para la compra de sets de pupitres escolares revela una alarmante diferencia de aproximadamente 27 millones de dólares. Según cálculos basados en los precios ofertados en plataformas internacionales de venta, los 328.687 sets de mobiliario escolar adquiridos a la empresa Kamamya SA, propiedad del empresario chino Long Jiang, no deberían superar los 5 millones de dólares (aproximadamente G. 39.250 millones). Sin embargo, la entidad binacional pagará por esta compra casi 32 millones de dólares (más de G. 248.713 millones), generando un sobrecosto que beneficia directamente al proveedor.
La investigación arroja luz sobre la reciente diversificación de negocios de Kamamya SA, empresa que hasta agosto del año pasado se dedicaba exclusivamente a la fabricación de frazadas y sábanas, sin experiencia previa en la producción o comercialización de mobiliario escolar. Este cambio repentino de giro comercial, coincidente con la millonaria adjudicación por parte de Itaipú, levanta interrogantes sobre los criterios utilizados en el proceso de selección del proveedor y la evaluación de su capacidad técnica para cumplir con un contrato de esta magnitud.
Una revisión de las ofertas en plataformas internacionales de comercio mayorista revela una escala de precios decreciente según el volumen de compra: USD 26 (G. 204.100) por unidad para pedidos entre 200 y 499 sets; USD 23 (G. 180.550) para compras entre 500 y 4.999 unidades; USD 20 (G. 157.000) para cantidades entre 5.000 y 9.999; y finalmente USD 15 (G. 117.750) para adquisiciones superiores a 10.000 unidades. La diferencia entre el precio mayorista internacional (USD 15) y el monto adjudicado por Itaipú (hasta USD 97) representa un incremento de aproximadamente 546%, sin que se hayan explicado claramente los factores que justifican esta extraordinaria diferencia.
El caso adquiere mayores dimensiones al revelarse vínculos entre el proveedor beneficiado y autoridades nacionales. Según la información disponible, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, utilizó reiteradamente tres aeronaves propiedad del empresario chino Long Jiang, principal accionista de Kamamya SA. Estos vuelos se produjeron desde 2022 hasta febrero de 2025, llamativamente en el período previo y durante el proceso de adjudicación. Además, las aeronaves no fueron declaradas por Alliana en sus declaraciones juradas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que podría constituir una omisión de información patrimonial obligatoria para los funcionarios públicos de alto rango.
La trama se complejiza aún más con la participación del abogado Blas Pereira, exjefe de gabinete de la entonces intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y considerado un operador influyente en Itaipú. Según los registros, Pereira también utilizó una de las aeronaves de Jiang en enero de 2025, coincidiendo con el período en que se concretaba la millonaria adjudicación. Estos elementos configuran un escenario que sugiere posibles conflictos de interés y tráfico de influencias en un proceso de contratación que compromete una significativa cantidad de recursos públicos, generando un perjuicio estimado en 27 millones de dólares que afecta directamente al patrimonio de la entidad binacional.
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