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jueves, 6 de marzo de 2025

Fiscalía busca cerrar el caso de la muerte de Lalo Gomes a manos de policías.

 La Fiscalía pidió desestimar definitivamente el caso del diputado Lalo Gomes, muerto por policías durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero en 2024.


En un controvertido giro judicial, la Fiscalía solicitó este jueves la desestimación definitiva de la causa que investiga la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció a manos de agentes policiales durante un operativo de allanamiento en su domicilio en Pedro Juan Caballero. El pedido fue presentado por el asistente fiscal Cristian Ortiz ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de la capital amambayense, presidido por el juez Martín Areco Torraca.


La decisión del Ministerio Público ha generado indignación en el entorno del legislador fallecido y levanta serias interrogantes sobre la transparencia del proceso investigativo. Según declaraciones del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, esta solicitud responde a directrices superiores dentro de la estructura fiscal que habrían obstaculizado el avance de las pesquisas desde el principio.



 “El fiscal de la causa César Morales nos manifestaba que no podía avanzar la investigación por instrucciones de los fiscales Luis Said y Christian Ortiz, que se encuentran en Asunción siguiendo instrucciones de la fiscala adjunta Matilde Moreno”, denunció Tuma en declaraciones a medios de prensa. Esta cadena de órdenes, según el letrado, tendría como único propósito “evitar que se sepa la verdad” sobre las circunstancias que rodearon la muerte del político pedrojuanino.


La estrategia procesal elegida por la Fiscalía resulta particularmente cuestionable. A diferencia de un archivo provisional, que permitiría reabrir la investigación ante la aparición de nuevas evidencias, la desestimación cierra definitivamente la posibilidad de continuar con el caso. “En todo caso, la causa se podía haber archivado a fin de que surjan posibles nuevos elementos, pero con esto están sacando toda posibilidad de continuar con la misma», explicó el abogado Tuma, quien no dudó en calificar la solicitud como «sin sentido”.


El letrado señaló la incongruencia procesal que representa esta petición, considerando que el Ministerio Público suele mantener abiertas por años causas de menor relevancia. “Por el robo de una gallina, mantienen una causa abierta durante años”, ironizó Tuma, subrayando que apenas han transcurrido siete meses desde el suceso que cobró la vida del legislador en circunstancias que aún no han sido esclarecidas completamente.


 El fallecimiento de Gomes se produjo en agosto de 2024, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en su residencia ubicada en Pedro Juan Caballero. Según los reportes oficiales, el diputado habría fallecido durante el operativo, pero las circunstancias exactas del deceso siguen siendo objeto de controversia. “Acá no existe intención, nunca existió intención de saber qué ocurrió el día que lo mataron al diputado. Existen muchas dudas. Hay mucho por investigar”, enfatizó el abogado.


La defensa de la familia Gomes no ha dudado en calificar el pedido fiscal como un intento de “blanquear” el caso, eliminando cualquier posibilidad de esclarecer lo sucedido aquella noche de agosto. “A nosotros nos puede gustar o no gustar el diputado, pero lo que no podemos permitir es que los órganos jurisdiccionales, órganos encargados de investigar este hecho, sean los encargados de blanquear esta situación”, sostuvo Tuma con evidente indignación.


El destino de la causa ahora queda en manos del juez Martín Areco Torraca, quien deberá decidir si acepta el pedido de desestimación o rechaza la solicitud fiscal. Sin embargo, el abogado Tuma advierte que, de prosperar la desestimación, se estaría cerrando definitivamente la posibilidad de que la familia pueda presentar nuevas denuncias sobre el mismo hecho. “Acá nos están privando la posibilidad de denunciar de vuelta el hecho”, sentenció.


Este caso reviste particular relevancia no solo por tratarse de un legislador nacional, sino por las circunstancias de su muerte a manos de agentes del Estado durante un procedimiento oficial. La solicitud de desestimación, a tan solo siete meses del hecho, sin haber agotado todas las líneas investigativas, genera interrogantes sobre el compromiso institucional con el esclarecimiento de muertes violentas, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

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