Mujeres aspirantes a la Policía Nacional reclaman cupos limitados y presentan acción de inconstitucionalidad tras quedar fuera pese a puntajes más altos.
Un grupo de mujeres aspirantes a la Academia de la Policía Nacional presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la limitación de cupos para el acceso femenino. La medida surge tras conocerse que varias postulantes con puntajes superiores quedaron fuera del proceso de admisión, mientras que hombres con calificaciones inferiores fueron seleccionados.
La abogada Lorena Segovia, representante legal de las aspirantes, denunció que la exclusión se basa en un criterio discriminatorio y arbitrario, violando el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. “Si analizamos el puntaje obtenido, hay varias mujeres que superaron ampliamente a los hombres y, sin embargo, quedaron fuera del ingreso”, señaló.
Según los datos proporcionados por las postulantes, aproximadamente 250 mujeres fueron excluidas a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento de admisión. El cupo femenino está limitado a 842 plazas, una cifra que consideran insuficiente y desigual en comparación con los cupos asignados a hombres.
La acción judicial incluye una solicitud de medida cautelar para que se respete el orden de mérito según los puntajes obtenidos, garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. “No se puede discriminar por razones de sexo cuando los méritos académicos y físicos están comprobados”, agregó Segovia.
Sabrina Gómez, una de las postulantes afectadas, manifestó su frustración ante la falta de diálogo con el comandante de la Policía Nacional. “Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta oficial ni apertura para conversar sobre este reclamo legítimo”, expresó.
La Corte Suprema de Justicia deberá expedirse en los próximos días, ya que las clases en la Academia de Policía ya comenzaron, y las afectadas buscan una resolución inmediata que les permita ejercer su derecho a la formación y el servicio público en igualdad de condiciones.
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