Si bien sostuvieron a la cuestionada ex fiscala Sandra Quiñónez, numerosos funcionarios que fueron cuestionados y perseguidos por el cartismo tuvieron el apoyo del Gobierno norteamericano.
En los últimos años, la estrategia estadounidense, basada en chequear lo que ocurre en nuestro país donde sobresalen la protección a políticos corruptos y la mafia empotrada en organismos de poder, abrió la posibilidad de la visita de importantes emisarios. En ese marco, el Gobierno norteamericano brindó apoyo a figuras claves para vigencia de las instituciones y el estado de derecho.
La declaración norteamericana de significativamente corruptos y las sanciones impuestas al titular de la ANR Horacio Cartes y a Hugo Velázquez, actual vicepresidente, fueron claves y dejaron la puerta abierta para que Washington revise directamente lo que ocurre en el país con la llegada de funcionarios encargados de visibilizar la corrupción.
En julio del año pasado, EEUU declaró significativamente corrupto a Cartes.
Un mes después, llegó una delegación de congresistas de EEUU que mantuvo reuniones con el presidente Mario Abdo, legisladores y algunos ministros. Semanas después de lo acontecido con Cartes, el vicepresidente Velázquez es declarado significativamente corrupto. Fue acusado de ofrecer soborno de USD 1 millón a cambio de obstruir una investigación financiera.
El subsecretario de Estado de EEUU, Mark Wells, estuvo en el país a finales del mes de agosto del 2022, días después de la noticia que salpicó al vicepresidente.
Las visitas sorpresivas de emisarios norteamericanos no cesaron. En octubre, la visita del coordinador anticorrupción de Estados Unidos, Richard Nephew, fue noticia, y en el país ya se comenzaba a hablar de posibles extradiciones. A nivel del Poder Ejecutivo, la reunión clave se dio esa vez con Seprelad, Anticorrupción, Contraloría y Contrataciones Públicas. El eje temático: combate a la corrupción y promoción de la transparencia.
Precisamente, la Seprelad era una institución que fue fuertemente apoyada por Estados Unidos. El ex titular de dicho organismo Carlos Arregui figura hoy día en la denuncia realizada por Cartes ante el Ministerio Público. Lo acusan de falsear información para emitir sus informes sobre lavado de activos.
Opositores denuncian nueva línea de autoritarismo
Varios diputados opositores denunciaron que se está imponiendo una línea autoritaria en la forma de gobierno del oficialismo.
El diputado del Partido Encuentro Nacional (PEN) Raúl Benítez señaló que se dieron muchos episodios que son la antesala de esta línea de gobierno, como la amenaza que hizo el cartista Yamil Esgaib al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de que podían destituirlo cuando quieran. También los cierres abruptos de debates tanto en las sesiones como en las audiencias públicas y hasta la advertencia que hizo Rocío Abed a otro diputado de que le iba a enviar una notificación por medio de un sicario.
Del mismo modo, denunció que se aprobó sobre tablas un proyecto de suma importancia como la creación del Ministerio de Economía. “Es la antesala de una línea autoritaria. ¡Dictadura nunca más!”, exclamó.
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo se dirigió al pleno en la misma línea y reclamó que días atrás Esgaib le cortó el micrófono solo porque no le gustaban sus expresiones, al señalar que los policías deberían estar en las calles cuidando a la ciudadanía y no detrás de las autoridades.
Esgaib le acusó de populista y le cortó el micrófono en plena audiencia pública. “Cortar el debate cuando no nos gustan las ideas de otros no es democracia. Se me cercenó el debate. Yo no soy mentirosa. Mentirosos son aquellos que engañan para ocultar lo que hacen”, lanzó.
Esto generó la reacción de Esgaib, quien dijo que Vallejo sí mintió y que por eso le cortó el micrófono, porque lo que estaba defendiendo era inconstitucional, al hablar de una ley sobre uso de tobillera en reclusos. “Nos maltrató diciendo que somos burros, es mentira, no hay nada inconstitucional”, indicó.
Vallejo volvió a responder aclarando que nunca habló sobre esa ley. “Este señor parece que no entiende nada, no sabe ni de qué se habló, la convocatoria era para la modificación del artículo 245 del Código Penal”, dijo.
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