AL MISMO TIEMPO. Inmueble figuraba como sede de empresa de Pavão y de la Defensoría en PJC.
HIPOTECAS. Organización criminal justificaba ingresos con repetidas hipotecas de inmuebles.
El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal de Jarvis Chimenes Pavão, por un total de G. 1.300 millones.
La propiedad figura a nombre de la empresa Group Emprendimientos, representada por Jorge Fernando Mora Galeano, aprehendido en el operativo Pavo Real. La operación se realizó desde el 2015 al 2018, con contratos firmados por las defensoras Noyme Yore y Selva Morel de Acevedo. El inmueble figuró además como sede en la constitución de la firma Crefisa, inscripta por el hermano de Pavão y Mora Galeano.
La imputación del Ministerio Público devela que el sistema de lavado se sustentaba en la compra, venta y arrendamiento de inmuebles realizados por empresas de maletín creadas por supuestos testaferros al servicio de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Además, los bienes son ingresados al sistema financiero a través de reiteradas hipotecas.
DE PAVÃO Y DE LA DEFENSA.
Según el Ministerio Público, la firma Crefisa, representada por Alexandre Rodriguez Chimenes Larson, hermano de Jarvis Chimenes Pavão, y Jorge Fernando Mora Galeano como director titular, inscribió como sede la propiedad ubicada en Avda. Tte. Herrero e/ Naciones Unidas de Pedro Juan Caballero con cuenta catastral 29-0149-05, inscripta a nombre de Group Emprendimientos. Llamativamente, la locación figura como sede de Crefisa, en la declaración ante la SET, que se realizó en octubre de 2016; es decir, al mismo tiempo en el que el inmueble sería sede del Ministerio de la Defensa Pública, según contrato 17/15 de la Licitación 295710 - Alquiler del Edificio de Pedro Juan Caballero, encontrados en datos de Contrataciones Públicas.
Según el portal, Group Emprendimientos alquiló consecutivamente la propiedad a la Defensoría Pública sumando contratos por G.1.369.818.384 durante el periodo de Noyme Yore, actualmente señalada en juicio oral y público por lesión de confianza por un perjuicio al erario público de G. 5.000 millones, por supuestamente construcciones que no se llegaron a concretar. Los contratos también fueron durante el periodo de Selva Morel de Acevedo, ex defensora señalada por llamativas designaciones dentro de la Defensoría Pública con cargos a su hijo, nuera y sobrinos.
En el relato de los hechos la Fiscalía señala que el sistema delictivo utiliza como modalidad la inscripción de inmuebles con garantías hipotecarias, que es realizada con frecuencia por la organización criminal, con el fin de justificar el origen del dinero y así resguardar el inmueble ante eventuales comisos y justificar el ingreso.
El modus operandi se repite en los establecimientos Cristo Rey y Negla Poty. El Ministerio Público refiere que Negla Poty pasó llamativamente de manos de Cepagro, empresa representada por Pedro Seall Melgarejo y Carlos Andrés Oleñik Memmel, al ser presentada para dación de pago de obligaciones de terceros ante Finexpar, donde se dan reventas e hipotecas.
El 22 de mayo, Admar Romeu Alcar transfirió el inmueble a favor de Cepagro SA, representado por Pedro Seall Melgarejo y Carlos Andrés Oleñik Memmel, en calidad de presidente y vicepresidente respectivamente, por el monto de USD 1.260.000.
Tres meses después, el 8 de setiembre de 2015, gravó con derecho real de hipoteca el inmueble a favor de Finexpar SAECA., en garantía de las operaciones de compra de cartera con recurso por USD 1.260.000; en dicho documento, se hace mención que tanto Cepagro SA, la firma Granos Toledo SRL, y Admar Romeu Alcari y Catalina Espínola De Alcari (anteriores propietarios del inmueble) tenían pendiente de pago una deuda con Finexpar por la suma de USD 1.287.428,27. Conforme a esta situación, en junio de 2016 se procedió a la dación de pago de inmueble otorgada por Cepagro a favor de Finexpar por la deuda anteriormente mencionada, transfiriendo el inmueble hipotecado a favor de la acreedora, por lo cual se concreta la tradición del inmueble, haciéndose constar que las partes declaran cancelada la hipoteca que pesaba sobre el inmueble.
Al respecto, en su informe el Ministerio Público remarca que “ llama la atención que la propiedad ya estaba registrada e inscripta a nombre de Cepagro SA; sin embargo, la hipoteca se realiza por deudas referentes a terceros, incluyendo al primer vendedor”, detallan en el informe.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2018, se procedió nuevamente a la venta de inmueble como primer acto, pero en esta ocasión habría sido otorgada por Finexpar a favor de Cepagro, la que, a su vez, hipoteca a favor de Finexpar, siendo fijado el precio del inmueble por el valor de USD 1.625.000. En la misma escritura, pero como segundo acto, las partes convienen celebrar un contrato de préstamo hipotecario, detallado a continuación: 6 cuotas semestrales con interés anual 11% en un plazo de 1.080 días. Las deudas por las cuales se habría efectivizado la dación del inmueble serían por otras operaciones y por montos más elevados, lo cual hace suponer que la empresa Cepagro compra y vende constantemente el inmueble con la finalidad de utilizar como moneda de cambio el establecimiento rural y disimular la adquisición.
Cabe resaltar que la estancia Negla Poty fue allanada en el operativo Pulp Fiction por la Senad en el año 2017.
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