La Contraloría General de la República (CGR) constató que diez intendentes contaban en las cuentas de las municipalidades dinero disponible para la distribución del almuerzo escolar para el 2022, pero no lo ejecutaron. Este informe está publicado en la página www.contraloria.gov.py.
En la nómina aparece el intendente de Boquerón, César González (Alianza), quien tenía disponibles G. 166 millones, pero no los ejecutó. En su descargo, dijo que la municipalidad es de reciente creación y que los recursos eran escasos para distribuirlos entre los 4.019 alumnos de su comunidad.
El intendente de Bahía Negra, João Ferreira (ANR), disponía de G. 155 millones y tampoco los ejecutó. Dijo también que el dinero es insuficiente para cubrir con todas las necesidades y prefirió esperar que se acumule para luego llamar a licitación para el almuerzo escolar.
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El jefe comunal de Antequera, Julio Alfonzo (ANR), tampoco usó los G. 194 millones, según Contraloría. En su descargo dijo que se firmó un contrato con la empresa Granos y Aceite, pero que no reportaron en la rendición de cuentas del 2022 y recién ahora van a reportarlo en el informe cuatrimestral del 2023.
El intendente de Cambyretá, Javier Pereira (PLRA), y su sucesor Christian Matoza disponían de G. 981 millones en el 2022, pero según Contraloría no los usaron. Al respecto Matoza argumentó que se debe a que una empresa oferente presentó una protesta en el proceso de licitación.
Asimismo, el intendente de Cerro Corá, Wilfrido Figueredo (ANR), disponía de G. 481 millones. En su descargo dijo que el municipio es nuevo y que la Gobernación de Amambay estaba ofreciendo el alimento por lo cual se optó por guardar el dinero. La intendenta de Paso Horqueta, Cinthia Cabañas (PLRA), tenía G. 181 millones y alegó en su descargo ser un municipio nuevo y recién estaba pidiendo al Ministerio de Educación conocer las instituciones que corresponden al distrito.
Además el intendente de San Alberto, Carlos Ramírez (ANR), disponía de G. 525 millones y no los destinó para el almuerzo escolar. Explicó que comenzó las gestiones en setiembre, ya fuera del plazo establecido por ley.
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El intendente de San Estanislao, Agustín Ovando (ANR), tenía G. 529 millones, sin ejecución. Se defendió alegando que se dio la provisión de alimento a 910 alumnos de 15 instituciones educativas por 42 días, pero que no lo pagó porque la adjudicación fue impugnada por una empresa oferente.
Por su lado, el jefe comunal de Santa Rosa del Mbutuy, Derlis Godoy (PLRA), tenía en caja G. 236 millones, pero no los empleó. Alegó que se debe a que una empresa presentó protesta en el concurso de ofertas.
Por último, la jefa comuna de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR), disponía de G. 317 millones. Dijo que la Gobernación de Paraguarí se encargaba del beneficio y recién este año asumirá el almuerzo escolar de los alumnos de su comunidad.
source https://www.abc.com.py/policiales/2023/05/30/diez-intendentes-tenian-plata-pero-no-distribuyeron-almuerzo-escolar/
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