El pedido ingresó al Ministerio del Interior el 6 de octubre del 2022 y el 30 de diciembre el ministro del Interior Federico González remitió a la Comisión Permanente del Congreso, donde quedó “congelado”. Explicó que tardaron dos meses porque consultaron al TSJE sobre la validez del pedido de la Junta Municipal de Caapucú.
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La Junta de Caapucú denunció la falta de transparencia en la gestión de Penayo. Incluso, los ediles y miembros de la Contraloría Ciudadana se instalaron frente a la Contraloría General de la República para exigir una auditoría. Actualmente, Penayo afronta dos auditorías por no rendir cuentas el uso de Fonacide y royalties del 2021-2022.
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