Una ley para defenderse de los abusos del poder público

Ha entrado en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, de la que entendemos ha sido su anteproyectista. ¿Qué exactamente dispone la Ley?

Es una norma esencial en el Estado de Derecho que regula las relaciones entre la Administración y el ciudadano. El procedimiento administrativo es la manera de efectivizarse y concretarse formalmente la interacción entre los órganos de la Administración y el administrado, además de reglamentar el derecho a peticionar a las autoridades. Determina las reglas claras que ordenan las gestiones y actuaciones ante la autoridad y establecen las herramientas que posibilitan al ciudadano oponerse y defenderse de eventuales abusos e irregularidades en el ejercicio del poder público.

¿ Qué más?

Por otro lado, también establece el régimen jurídico de los actos administrativos, cuestión jamás regulada en nuestra historia. Se determinan cómo y de qué manera deben dictarse los actos y medidas de la Administración, las clases y características de los mismos, sus reglas para que sean regulares y válidos, entre otros elementos esenciales.

La norma afecta tanto al ciudadano como a la Administración? ¿De qué manera?

La Ley prescribe pautas de conducta y relacionamiento que benefician tanto a la Administración, ordenando su gestión, y al ciudadano estableciendo una vía o camino de relacionamiento claro y predecible. No es una norma que tan solo busca la protección y resguardo de los intereses del ciudadano sino disciplinar en su beneficio la conducta del servidor público, para asegurar su eficiencia. La Ley aspira buscar el equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y los derechos y garantías del ciudadano.

¿ Se espera que tenga un impacto sobre las relaciones Estado- ciudadano?

Tendrá un tremendo impacto inmediato. A partir de su vigencia desaparecerá la incertidumbre en relación a los trámites y actuaciones ante la Administración, en cuanto a la conducción de los procesos, la contestación de las peticiones y los plazos para responderlas. Los problemas derivados de la ausencia, ineficacia o insuficiencia de normas que regulen las peticiones ante la Administración se desvanecerán ante la irrupción de una norma única, general y transversal a toda la organización administrativa del Estado. La misma Administración regular verá los beneficios de estructurar ordenadamente su conducta y gestión, protegiéndola de cualquier imputación maliciosa. La discrecionalidad insensata dará lugar al proceso ordenado, previsible, transparente y eficaz..

No resuelve todo en la administración pública

Piensa usted que esta norma por si aliviará y resolverá todos los problemas o limitaciones que pueda tener la Administración Pública?

De ninguna manera. En primer término, la norma regula la relación entre el ciudadano y su Administración. En tal sentido contribuirá a garantir un sistema más eficiente y seguro para los intereses del administrado y las finalidades públicas de la Administración. Pero existen otras áreas de la gestión administrativa que merecen similar revisión, a fin de determinar si las actuales estructuras y funcionalidades sirven sus propósitos, y buscar las reformas que se requieran para lograrlo.

¿ Podría afirmarse entonces que la Ley de Procedimientos Administrativos constituye un avance importante en la reforma del Estado?

Exactamente. A menudo se habla de la reforma del Estado, pero en forma muy abstracta, imprecisa y hasta desordenada. La reforma es muy amplia y abarca diversos ámbitos de la actividad intra estatal. Hay que abordar la discusión de la reforma en forma concreta y por áreas de revisión, para que esta tenga coherencia y proponga alternativas prácticas y realizables de éxito. De todas las reformas prioritarias, la “reforma administrativa del Estado” sea quizás la mas importante. ¿Porque? Porque cada día más la vida del ciudadano se ve afectada directamente por la acción y gestión de los órganos administrativos, siendo su revisión esencial para el bienestar general. La Ley de Procedimientos Administrativos es, a no dudar, una pieza de extraordinaria importancia para lograr la reforma administrativa del Estado y constituye una reivindicación histórica de los derechos y garantías del Administrado.

La Ley de Procedimientos Administrativos ya entró en vigencia y debía ser reglamentada? ¿Qué opina al respecto?

El reglamento es una norma que dicta el Poder Ejecutivo y tiene la finalidad de aclarar, precisar y concretizar el contenido y alcance de la Ley para facilitar o viabilizar su interpretación y aplicación. Aun no ha sido dictada, pero debe tenerse en cuenta que esta no puede alterar las prescripciones contenidas en la norma legal, y su ausencia – que sin dudas es necesaria para su correcta aplicación- no obsta a la vigencia efectiva de la norma legal. La Ley de Procedimientos Administrativos es muy clara y precisa, y no requiere mayores abundamientos reglamentarios.

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