El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria, suspendió sin goce de sueldo a la jueza penal de sentencia de Coronel Oviedo Ninfa Torres de Ramos y a su actuaria Nélida Bogado, tras otorgar y después revocar la prisión domiciliaria para el narcotraficante Víctor “Chapaló” Brítez. La resolución se dictó tras la presentación de informes médicos en los que se lo diagnosticaba con diabetes, hipertensión arterial, artrosis, enfermedad pulmonar obstructiva y ginecomastía bilateral, para la que precisaba una intervención quirúrgica.
La Corte adoptó idéntica medida con relación al médico forense del Poder Judicial, Gustavo Brítez, quien firmó uno de los certificados médicos utilizados para conceder el beneficio al narcotraficante y que posteriormente se truncó debido a que la misma jueza retiró el oficio, tras la difusión del caso.
La situación de los demás galenos intervinientes, una dependiente del Ministerio Público y la otra del Ministerio de Justicia, queda a criterio de las autoridades de sus respectivas instituciones. Hasta la fecha, no se conoce que se haya dispuesto medida alguna.
Fiscala avaló pedido de prisión domiciliaria
Cabe destacar que en esta causa, la fiscala de ejecución Norma Rosa Solís pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria a “Chapaló”, en atención al escrito presentado por la defensa técnica ejercida por el abogado José Basilides Lezcano, quien solicitó la medida en vista a la delicada condición de salud de “Chapaló”, quien cumple una condena de 26 años de cárcel por narcotráfico y otra de tres años por lavado de dinero, en esta última causa se ordenó el comiso de 11 propiedades registradas a su nombre.
Norma Solís fue confirmada en su cargo de agente fiscal en la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada, días antes de conocerse el caso de “Chapaló”, y este lunes juró en el Palacio de Justicia de Asunción.
Suspensión sin goce de sueldo para jueza que intentó beneficiar a Chapaló
En su escrito elevado a la jueza de ejecución Diana Barrios Torales, la fiscala Solís citó el informe emitido por el médico de cabecera de “Chapaló”, Dr. Wilfrido Cenoz Cuevas, de fecha 14 de julio de 2021 en el que indica el especialista “que el paciente es conocido: hipertenso, cardiopatía, tratado con atenolol 50 mg cada 12 hs ácido acetil salicílico de 125 por día, diabético tipo II, insulina dependiente... que en algunas ocasiones le deja postrado e invalidante en cama o en silla de ruedas”, esta última parte en negritas y con subrayado.
También se cita el diagnóstico presentado el 21 de julio por el Dr. Héctor Andrés Fernández, médico forense del Juzgado de Caaguazú, quien tras constituirse en la penitenciaría emitió su conclusión que fue plasmada por la fiscala en su escrito –resaltado con negritas y subrayado– “sugiriendo que el mismo (por Chapaló) sea lo más urgentemente posible inspeccionado por médicos cardiólogo, diabetólogo y neumólogo, ya que la combinación de cardiopatía, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar puede derivar en cuadros mucho más graves que pueden poner en peligro su vida”.
La agente del Ministerio Público, en la última parte de su escrito, destacó: “Ante esta situación particular no podemos desconocer el estado de salud que se encuentra atravesando el condenado por lo que esta representación pública considera que deberá ser sometido a tratamientos específicos[...] podemos apreciar que se encuentra entre las personas vulnerables con relación a su salud física, por lo que teniendo en cuenta los informes médicos presentados solicito la conformación de una junta médica y de acuerdo al mismo resultado obtenido disponga un plazo de 3 meses a los efectos de realizarse todos los tratamientos médicos necesarios[...] debiendo presentar los resultados en forma mensual ante el juzgado de ejecución”.
Informes similares y sin respaldo laboratorial
El pedido de la fiscala Norma Solís de que una junta médica examine a Víctor Brítez fue realizado en agosto; sin embargo, los médicos forenses del Poder Judicial, de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y del Ministerio Público, de forma independiente, presentaron el 9 de noviembre sus respectivos informes con ínfimas diferencias y replicando, prácticamente de forma íntegra, el dictamen de un cirujano.
Para dar énfasis al supuesto gravísimo estado de salud en que se encontraría el narcotraficante, la fiscala Solís transcribió en negritas y hasta subrayó las conclusiones de los médicos citadas anteriormente.
El médico cirujano Dr. César Insaurralde, del Sanatorio Insaurralde de Coronel Oviedo, elevó su informe sobre el estado de salud de Víctor Brítez primeramente al juez penal de garantías José Armando Mendoza Balmaceda –uno de los ocho jueces inhibidos– y luego a la jueza Ninfa Torres.
El petitorio de la fiscala señala: “El mismo se encuentra bajo tratamiento médico absolutamente irregular debido a que, aunque la medicación lo haga en forma normal el ambiente dentro del cual se desenvuelve es totalmente inadecuado por la insalubridad y el hacinamiento que se destacan en dicho recinto penitenciario, por lo que sus afecciones crónicas de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y probablemente también portador de cardiopatía hipertensiva, lo convierte en un paciente de alto riesgo de contagio de cuadros infecciosos y/o virales que fácilmente puede contraer y llevarlo a la muerte a causa de múltiples enfermedades de base de las cuales padece”.
Añade que “además presenta un cuadro de ginecomastía bilateral a causa de la cual deberá ser sometido quirúrgicamente en la brevedad posible por las molestias permanentes que refiere el paciente. Hay que destacar que el mismo tiene una movilidad muy limitada, lo que lo hace depender de una silla de ruedas y de la ayuda de terceras personas”.
Lo mismo fue replicado, prácticamente de forma íntegra, por los médicos forenses: la Dra. Giselle Lezcano Rivas, de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Dr. Gustavo Brítez del Poder Judicial y la Dra. Ana Duarte, del Ministerio Público, respectivamente.
Esta circunstancia no pasó inadvertida a las autoridades y al respecto el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia resaltó lo siguiente: “genera cierta sospecha es que los dictámenes médicos sean extremadamente coincidentes”.
A esto el ministro de la sala penal añadió “en el sumario se tiene que realizar aquí se tendría que incluir, si es que firmó, el médico forense dependiente del Poder Judicial, porque realmente uno puede verificar que son tres dictámenes, que no es una junta médica, son tres dictámenes individuales, extremadamente coincidentes”.
Otro dato llamativo que quedó en evidencia mediante la auditoría realizada, es que dichos certificados no estaban respaldados por estudios o análisis clínicos que pudieran avalar las conclusiones, como mínimo alarmantes, a las que arribaron los intervinientes acerca del estado de salud de Chapaló.
“[...] a fojas 10 del informe me llama muchísimo la atención una observación que hay al terminar el segundo párrafo, que dice “así también los informes presentados no poseen ningún respaldo de análisis clínicos realizados al condenado”. La pregunta es: ¿Cómo llegaron a la conclusión unánime de que padecía diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía hipertensiva y en alguna parte habla también de una suerte de tumor sin haber realizado análisis, estudios? Realmente es un tema muy llamativo [...]”, expresó el ministro Alberto Martínez Simón, al solicitar la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ocho jueces se inhibieron
Basado en los informes médicos, la decisión sobre la medida finalmente quedó a cargo de la jueza Ninfa Torres, luego de que ocho jueces se hayan inhibido ante el pedido de la fiscala Norma Rosa Solís, dirigido primeramente a la jueza de ejecución en lo penal Diana Barrios Torales, presentado el 4 de agosto pasado y recibido en el despacho el 6 de agosto.
Sobre la inhibición de los jueces, el ministro de la Corte César Garay manifestó durante la sesión “entre las atrocidades que se encuentran es la inhibición de ocho jueces y esto no es normal en ninguna parte, en ninguna circunscripción. ¿Cómo se van a inhibir ocho jueces? entonces, alguien utilizó el adjetivo más exacto en el idioma castellano: esto es intolerable. Esto no tiene asidero ni siquiera ya no digo de legalidad, de racionalidad”.
Garay exigió la investigación del porqué los ocho jueces evitaron estudiar el pedido fiscal.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/19/caso-chapalo-cuestionan-informes-medicos-presentados-sin-estudios-previos/
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