A las 13:33 de ayer, ingresó a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados el mensaje del Poder Ejecutivo N° 589 por el cual somete a consideración de la Cámara Baja el pedido de acuerdo constitucional realizado por la Junta Departamental de Central, solicitando la intervención de la Gobernación de Central, a cargo del imputado Hugo Javier González (ANR, cartista).
El documento refiere que “la petición se fundamenta en los antecedentes que se adjuntan, consistentes en un bibliorato, con 229 fojas”, señala la misiva firmada por el presidente Mario Abdo Benítez y por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Con el ingreso a Diputados se inicia formalmente el proceso de estudio del pedido de intervención. El presidente de la Cámara Baja y del Partido Colorado, el cartista Pedro Alliana, tiene en sus manos acelerar el proceso de estudio o dilatarlo.
De acuerdo a fuentes consultadas, hay “orden superior” de cajonear la solicitud formulada por la Junta de Central contra la gestión del cartista Hugo Javier ante varias irregularidades.
Con el avance o no del proceso de análisis se verá si sigue en pie la operación cicatriz en la ANR. El árbitro del mismo será el oficialismo (Colorado Añetete). La semana pasada, un esquivo Alliana declaró que “todos los procesos tienen sus etapas, tienen que ir a Diputados, va ir a comisiones”. “Van a ser estudiados y vamos a tratar de que se dé antes de fin de año”, manifestó el titular de la ANR, tras una llamativa reunión con el presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de López.
Un dato no menor es que el estudio de la intervención está contra reloj atendiendo que el 21 de diciembre se inicia el receso parlamentario.
Alliana ya había esbozado una defensa a Hugo Javier, señalando que los intendentes opositores también deben ser investigados.
Imputación
El acta de imputación por lesión de confianza, asociación criminal y otros de la Fiscalía presentada el 1 de noviembre pasado contra el gobernador Hugo Javier y otras 14 personas confirma numerosas anomalías detectadas durante el análisis de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) sobre el uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) entregados a la institución departamental para la reactivación de la economía poscovid.
Una de ellas es que el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), a cargo del imputado Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones para realizar obras, pese a que sus fines y objetivos son completamente diferentes.
El proceso en la Cámara Baja
Las intervenciones a intendencias y gobernaciones solo pueden durar 90 días según lo establece el Art. 165 de la Constitución Nacional. Ahora, Diputados debe crear una “comisión especial” para resolver una recomendación en 15 días. Sin embargo, el tratamiento en el pleno no tiene fecha. En caso de aprobarse en la Cámara, el Ejecutivo designa un interventor. Luego de tres meses o menos, el pleno la Cámara Baja define la reposición o destitución del intervenido.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/23/diputados-cartistas-quieren-enviar-al-freezer-la-intervencion-de-central/
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