Un cargamento de US$ 3 millones es el centro de la discordia entre quienes se denunciaron mutuamente por tráfico de influencias. Las mercaderías por aquel valor fueron incautadas en el año 2019, calificadas como contrabando y vendidas a finales del año pasado.
La carga confiscada en aquel año figuraba a nombre de las empresas OVF SA e Importadora GECU SA, aunque el empresario Ahmad Khalil “Armando” Chams asegura ser el propietario.
Según publicó la misma Dirección Nacional de Aduanas (DNA) a través de comunicados oficiales y hasta en redes sociales, lo que no llegó a ser robado del cargamento incautado fue vendido por concurso de precios a la firma Emeku SA, en la que aparecen como directivos Mario Daniel Quiñónez Cattebecke –ligado a la prófuga Dalia López–; y el excandidato colorado a la intendencia de Ybytymí (fue derrotado), Denis Adalberto Vera Giménez.
Hace unos días, a través de la cuenta oficial de la DNA, se había asegurado que las mercaderías habían sido vendidas por G. 600 millones a Emeku SA, que tiene a Vera Giménez como síndico.
La justificación de la venta por concurso de precios y no por subasta fue la urgencia debido a que el “crimen organizado se había ensañado con la carga”.
Del cargamento inicial valuado en US$ 3 millones, según Aduanas solo quedaron mercaderías por valor de unos US$ 100.000. Sin embargo, Vera Giménez generó contradicción con esta versión: “Nosotros compramos por valor de G. 2.800 millones”, según dijo a emisoras de radio. Es decir, Vera dice haber pagado cuatro veces más de lo que Aduanas afirma haber cobrado.
Posible daño patrimonial
De acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso nuestro diario, la venta de la mercadería por debajo de su valor podría haber generado daño patrimonial a la aduana. Esto, debido a la exoneración de las multas.
El artículo 2 del Código Aduanero establece que “el patrimonio de la Aduana estará formado por los bienes muebles e inmuebles asignados por el Estado para su funcionamiento, los aportes que disponga anualmente la Ley de Presupuesto y los recursos que perciba por el cobro de tasas por servicios prestados, asignación en concepto de multas y remates”.
El mismo Código Aduanero establece además que parte del excedente cobrado de los remates de las mercaderías incautadas y consideradas como contrabando debe pasar a formar parte del patrimonio de la institución estatal mencionada.
En este caso en particular, Aduanas optó por la venta directa de las mercaderías, alegando que el crimen organizado se había “empeñado con la carga”.
Vínculo con contrabando
Documentos a los que tuvo acceso ABC Color y que constan en poder de la Abogacía del Tesoro, dan cuenta de que Denis Adalberto Vera Giménez figura como síndico titular de la empresa Emeku SA, que tiene como accionista y presidente a Mario Daniel Quiñónez Cattebecke.
Curiosamente, no fue Quiñónez –ligado a la prófuga Dalia López– quien apareció para realizar la compra, sino que fue Vera Giménez, el síndico de la empresa.
Pero Vera aparece ligado también a otra compañía. Así consta en los documentos que obran en la Abogacía del Tesoro.
El mismo Denis Adalberto Vera Giménez también aparece como síndico titular de la empresa P&D Import SA., que tiene como accionistas a Reinaldo Pérez Velázquez y Zully Isabel Ramos Monges.
La firma P&D fue una de las varias empresas señaladas por autoridades como parte de un esquema de contrabando de celulares que operaba en Ciudad del Este.
Fue en el marco del “Operativo Llamada”, realizado en agosto de 2019 y que derivó en la imputación de unas 15 personas.
Además, en ese entonces los fiscales intervinientes solicitaron la inhibición de enajenar y gravar bienes para varias compañías; entre ellas P&D Import SA. En ese mismo operativo se mencionó también a la firma Mobile Zone Import-Export, de Liz Paola Doldán González, quien hace algunas semanas fue sancionada junto a otras varias personas por el departamento de Estado de los Estados Unidos debido a que formaban parte del esquema de corrupción que activaba en la Triple Frontera.
Vínculos con Dalia López
Como señalamos líneas más arriba, Vera Giménez aparece conectado a la firma Emeku SA, con la que compraron las mercaderías incautadas.
En 2019, Quiñónez Cattebecke fue imputado por la fiscal de propiedad intelectual Carmen Gubetich de Cattoni. Fue luego de un allanamiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi durante el cual fueron decomisados productos falsificados.
El cargamento por el que fue imputado Quiñónez había llegado a nombre de la firma Estilos ¿Los propietarios de esa empresa?: La prófuga Dalia Angélica López Troche y su marido, Luis Alberto Gauto.
La imputación le costó a la fiscal Gubetich de Cattoni una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
“Ese caso en particular de esta empresa... le allané en tres oportunidades. La empresa trae celulares del exterior. La empresa figura a nombre de un prestanombre de Quiñónez Cattebeke, pero la firma es de Gauto”, relató el año pasado Gubetich.
La fiscal relató entonces que le advirtieron del poder de la red encabezada por Gauto y López Troche.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/24/nulo-avance-de-investigacion-tras-denuncias-cruzadas-de-caso-aduanas/
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