El miércoles último, 15 de setiembre, se cumplieron tres semanas de que los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta presentaran una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato y exacción, contra las autoridades de la Conajzar. Varios cuestionamientos se vienen publicando contra la gestión de José Ortiz, representante de Hacienda ante el Consejo, y los demás miembros de la institución: Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben); Ricardo Núñez Giménez, representante de las municipalidades; Rubén Antonio Rousillón, de las gobernaciones; Omar Rodrigo Mongelós, del Ministerio del Interior.
Son tres decisiones puntuales de dichos miembros de Conajzar las que tienen mayores cuestionamientos y que forman parte de la denuncia ante el Ministerio Público. Estas son: La adjudicación de la exploración de la quiniela en diciembre de 2020 a la firma TDP SA, vinculada al expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de ser morosa del fisco (se le renovó cinco años más el contrato pese a que no pagó el canon a la propia Conajzar); el contrato directo, sin licitación, a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, para la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar (bodegas, despensas, kioscos, etc. que están al alcance de los niños); y la reducción del canon a las concesionarias de juegos de azar de forma ilegal, también en 2020, sin tener un decreto que respalde esa determinación ni haber pasado por el Congreso.
Desde la Fiscalía General del Estado, dirigida por Sandra Quiñónez, no hay ninguna novedad de designación de fiscal para el caso.
Diputados a favor del proyecto de tragamonedas
Por otro lado, independientemente a la presentación en el ámbito de la Justicia, en el Congreso se está analizando un proyecto de ley “por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, que prohíbe la explotación de las máquinas en presencia de niños y en sitios de libre acceso de los mismos, además de establecer multas y cuya recaudación se destinará a la atención de menores de edad que son adictos al juego. La iniciativa ya tiene el visto bueno del Senado y falta el tratamiento en Diputados.
Precisamente, desde la Cámara de Diputados se informó ayer que la comisión asesora de lucha contra el narcotráfico, ilícitos y conexos se expidió a favor del proyecto. Los integrantes de dicha agrupación, los diputados Edgar Acosta, Carlos Rejala y Tito Ibarrola (presidente), se reunieron en la mañana de ayer y apoyaron la iniciativa, en base a un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). “El objetivo del proyecto es regular los mecanismos para la habilitación y explotación de las tragamonedas, autorizados por municipios, con el fin de proteger a los menores de edad de su influencia y riesgos para evitarles posibles daños que afecten la salud física y mental”, dijo el diputado Tito Ibarrola.
La propuesta establece, entre otros puntos, que es potestad de las municipalidades la habilitación de las salas exclusivas de juegos de azar, ratificando lo dispuesto en la Ley N° 1.016/97, y reitera que las comunas son las responsables de controlar las disposiciones así como de incautar y destruir las máquinas que son utilizadas en sitios prohibidos.
ABC pidió una opinión a Conajzar respecto al proyecto pero no hubo respuesta.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/09/17/siguen-sin-designar-fiscal-para-carpeta-sobre-conajzar-a-mas-de-tres-semanas-de-denuncia-de-legisladores/
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