Los dirigentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP) redactaron un listado de 10 reclamos que lograron tenga la rúbrica de los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo en las negociaciones, presionando con la movilización y los piquetes contra la ciudadanía, el año pasado.
El escrito firmado ahora es un motor de la medida de fuerza porque los campesinos alegan “incumplimiento” por parte del Gobierno. Pero varios de los puntos son de cumplimiento imposible.
El abogado Diego Torales, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), sostuvo que es una aberración jurídica con total invalidez legal. Explicó que en sus puntos seis, siete y ocho, el escrito lesiona el estado de derecho, pisotea la independencia de los poderes del Estado y trasgrede la Constitución Nacional.
Amplió que los puntos seis, siete y ocho lesionan la estructura organizacional del Estado, que fue establecida por la Constitución Nacional, porque ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden intervenir en lo que incumbe al Poder Judicial.
Sin acuerdo, campesinos continuarán con movilizaciones
¿Qué dicen esos puntos? En el sexto punto, posiblemente uno de los aspectos más importantes, pero que pasó desapercibido en su momento, Salomón y Acevedo comprometieron al Ejecutivo y al Legislativo a implmentar una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos de propiedades privadas, evitando su ejecución, “en tanto no se demuestre fehacientemente la titularidad de la misma, en una acción civil y estudiando caso por caso”. En los demás puntos se previó la instalación de una mesa de trabajo con organizaciones campesinas para negociar aspectos relacionados con el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria y, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); entre ellas, efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado que están inscriptas en nombre del Estado Paraguayo, para destinar para la reforma agraria.
Forzaron ley para transferencias de dinero, pero no rinden cuentas
Otro de los temas centrales en discordia tiene que ver con dinero transferido directamente a organizaciones campesinas. En el punto uno del documento firmado, el Poder Ejecutivo se comprometió a reasignar recursos que en principio se previeron para Obras Públicas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para reactivación de la agricultura familiar campesina. Específicamente, US$ 25.000.000.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo se comprometió a ejecutar otros US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por la citada cartera y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes.
Al respecto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, mostró ayer los números sobre su ejecución presupuestaria y resaltó que 40% de aquellos recursos comprometidos ya se ejecutó. De hecho, los grupos hoy movilizados recibieron como adelanto un multimillonario financiamiento, pero no están rindiendo sobre sus “gastos”, según los datos del MAG, de ahí la traba para recibir más dinero estatal.
Caja para los muchachos
Precisamente, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, señaló por su parte que el acuerdo firmado por el presidente del Congreso, Oscar Salomón y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, finalmente sirvió para “caja de los muchachos”.
Fue una forma más de saquear los fondos estatales, en este caso del MAG, mediante el rubro 800 de transferencias directa a organizaciones, un mecanismo que usan las instituciones públicas para evitar los controles más rigurosos y rendición de cuentas con otros mecanismos de compras, como la ley 2051 de Contrataciones Públicas, por ejemplo.
Cristaldo recordó que en los últimos 15 años, dicha cartera de Estado transfirió cerca de US$ 1.200 millones, sin que se pueda ver algún resultado en el mismo sentido en la agricultura familiar campesina.
Otros puntos acordados feron sobre deudas públicas y privadas
En el tercer punto, se había acordado coordinar con los sectores afectados proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina y en el cuarto, el Poder Ejecutivo se comprometió, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), a habilitar créditos para el fomento y desarrollo, de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés. Asimismo, a través del Banco Central del Paraguay (BCP), el Ejecutivo se comprometió a emitir una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas de bancos y a trabajar sobre el “reordenamiento de deudas” de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.
Construcción de viviendas
El convenio también incluyó la propuesta de debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto para las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Finalmente, el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se comprometieron a conformar con las organizaciones firmantes un equipo de seguimiento para el acuerdo, que se debía reunir cada quince días. Ayer, el ministro del MUVH, Carlos Pereira, adelantó que de la ampliación presupuestaria depende atender esos pedidos.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/12/acuerdo-salomon-acevedo-cni-lesiona-constitucion-nacional-alertan/
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