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domingo, 11 de julio de 2021

Conajzar mintió sobre atribuciones de firma en “negocio” de tragamonedas

Representantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) mintieron cuando aseguraron a ABC de forma tajante que la Resolución N° 34/2020 de dicha institución sólo habilita al censo y catastro de todas las máquinas electrónicas tragamonedas del país que funcionan en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bodegas y otros, y que para ese trabajo contrataron a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña). Aseguraron reiteradas veces que existe una necesidad real de conocer la cantidad de aparatos que exponen a los niños a caer en la ludopatía, pues muchos están en vía pública al no tener control, y que el plan consiste en legalizar esos locales, cobrándoles canon y en dos años se definirá el software con el cual se cobrará otro canon que será sobre el “win” (beneficio final de la máquina).

Pero el anexo de la citada resolución, al que accedió nuestro diario después de las entrevistas con esos representantes de la firma, le permite a iCrop explotar el juego. Con esto se revela que Cojanzar también le otorgó el certificado de operadora de juego, documento que le permite operar de forma “legal”, aunque se cuestiona el sustento jurídico de todas estas atribuciones y del mismo contrato entre Conajzar y la firma iCrop. Intentamos tener una explicación de Conajzar al respecto pero no tuvimos respuesta.

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Conajzar otorgó a iCrop SA el certificado de operador de juegos de azar, documento indispensable para trabajar legalmente. De esta manera, contradice sus declaraciones que la firma sólo catastra y censa, ya que de ser así, no necesitaría este documento.
Conajzar otorgó a iCrop SA el certificado de operador de juegos de azar, documento indispensable para trabajar legalmente. De esta manera, contradice sus declaraciones que la firma sólo catastra y censa, ya que de ser así, no necesitaría este documento.

Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y actual asesor del sector, explicó a nuestro diario que dicho certificado es parte del catastro para conocer la cantidad de empresas que operan legalmente en el país, razón por la que no se explica que la actual administración haya contratado a iCrop SA para obtener una lista que ya existe y además, en este caso, apunta a legalizar aquellas máquinas que están en sitios prohibidos en diversos decretos y leyes. “La empresa y Conajzar dicen que el contrato es sólo censo, entonces por qué tiene este certificado”, se preguntó.

Otra irregularidad de la resolución es que se le permite a iCrop SA subcontratar a terceros para cumplir sus funciones, sin delimitar la cantidad de acuerdos ni especificar los términos de los subcontratos. Con esto y conforme a denuncias recibidas, la empresa usurpa las funciones de Conajzar y autoriza a las firmas a explotar el juego de azar de tragamonedas, atribución que es exclusiva del Estado.

Dicha institución aún no ha mostrado el contrato con iCrop ni la lista de los subcontratados, a pesar de que son documentos públicos. Hay sospechas de que además del riesgo del lavado de dinero, este lucrativo “negocio” también esté financiando a políticos.

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Calcan estructura de otros juegos de azar

Según las explicaciones recibidas, la estructura del “negocio” con iCrop SA es similar al de otros juegos de azar que trabajan mediante agencias distribuidas en todo el territorio nacional.

En este caso, Conajzar otorgó a la empresa privada una “concesión” y la posibilidad de explotar el juego de las tragamonedas, así como de subcontratar representantes en todo el país, que son las agencias, sobre las cuales no se tiene ningún control ni acceso a sus contratos.

La diferencia con otros juegos de azar radica en que en esos casos, hay una licitación pública, mientras que a iCrop para el trabajo sobre tragamonedas le dieron un contrato directo.

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La resolución establece la “regulación” de 50.000 máquinas, por cuyas gestiones el Estado recibirá apenas el 30% de la recaudación, mientras que el 70% irá para iCrop; unos US$ 652.229 frente a US$ 1,5 millones al mes, respectivamente.

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En la Res. N° 34, Conajzar establece sólo un ítem de sanciones y castiga con un apercibimiento al local que incumple con las reglas, ya sea porque niños juegan con las máquinas o por falta del pago de canon. En caso de reiteración de la falta, puede llegar a la prohibición al local de que siga explotando las máquinas. No se habla del castigo ni rescisión de contrato con iCrop, al menos en ese documento. Hay evidencias de que no se cumple el tope de catastrar sólo 3 máquinas por local y de que iCrop se excede en sus competencias al controlar salas de juegos.



source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/11/conajzar-mintio-sobre-atribuciones-de-firma-en-negocio-de-tragamonedas/

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