El magistrado Elio Rubén Ovelar Frutos no solo le dio una patada a la pobreza gracias a su sueldo como juez, sino que también tiene un largo historial de cuestionados fallos; entre los que aparecen algunos en los que terminó favoreciendo a procesados por narcotráfico.
A pesar de todos sus antecedentes, la Corte Suprema de Justicia no abrió nunca siquiera un solo sumario con respecto a sus cuestionadas actuaciones. Fiscales llegaron a acusarlo de ser complaciente con el crimen organizado y aún así, sigue en el cargo.
Libertad que permitió fuga
El 5 de mayo de 2008, un Tribunal de Sentencia presidido por Daniel Ferro e integrado por Víctor Manuel Medina y Elio Ovelar ordenó la libertad de Roberto Carlos Benítez Salinas, procesado por los hechos punibles de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Se basaron en que el tiempo de prisión preventiva de Benítez superó los dos años establecidos en la ley y por lo tanto correspondía la libertad.
La decisión fue tomada en un llamativo silencio y sin que los magistrados tuvieran en cuenta que Benítez Salinas, supuesto socio comercial del narcotraficante Iván Mendes Mezquita, se había fugado a la Argentina, donde fue detenido tras cuatro años en la clandestinidad.
Benítez, esa misma tarde, fue liberado y al día siguiente realizó declaraciones a la prensa, en las cuales acusó al entonces fiscal Francisco de Vargas de que lo presentaba como delincuente para justificarse ante la embajada de los Estados Unidos y a la vez aseguró que iba a estar presente para el juicio. Esto último no ocurrió.
A Benítez Salinas lo tuvieron que ir a buscar a Argentina para detenerlo y luego extraditarlo, en una causa que tuvo su inicio cuando el 24 de noviembre de 2004, la Secretaría Nacional Antidrogas se incautó de la estancia Ko’ê Ju, un cargamento de 265 kilos de cocaína.
La carga pertenecía a Iván Mendes Mesquita y la propiedad estaba a nombre Leoncio Marecos. El brasileño fue extraditado a los Estados Unidos, Marecos fue condenado a 20 años de cárcel y su esposa Zulma Ríos a 10.
Aprovechando la decisión silenciosa y llamativa de los magistrados, Benítez Salinas volvió a fugarse, según publicaciones de ABC Color de la época.
“Complacientes con el crimen organizado”
El 20 de octubre de 2015 el Tribunal de Sentencia integrado por Elio Ovelar (presidente), Daniel Ferro y María Luz Martínez había condenado a Jaime Andrés Franco Mendoza a 11 años de penitenciaría.
El Tribunal encabezado por Ovelar condenó a Franco Mendoza solo por los hechos de tenencia de estupefacientes y asociación criminal. Los magistrados descartaron el tráfico de droga, razón por la cual la pena aplicada fue menor a la solicitada por el fiscal Marcelo Pecci, quien pidió 20 años de penitenciaría por el tráfico de 359 kilos de cocaína.
Franco Mendoza fue detenido luego de que se encontraran en su poder 359 kilogramos de cocaína, escondidos en el interior de un contenedor de un camión Scania.
El argumento de Ovelar y sus colegas para descartar el hecho más grave fue que en el tinglado donde estaba el camión con la droga no se encontraba ninguna avioneta, lancha o moto ski para transportar y remitir al extranjero y comercializar dicha sustancia”. Argumento considerado como “risible” en un editorial de nuestro diario de diciembre de 2015
Según los magistrados, el tráfico de estupefacientes se podía dar solo por aire o agua, no por tierra.
El fiscal antidrogas Marcelo Pecci cuestionó duramente a Ovelar y los demás componentes del Tribunal. El representante del Ministerio Público dijo que los jueces dictaron una “condena complaciente con el crimen organizado”.
La condena fue luego rectificada por otro tribunal.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrió una investigación que terminó en el blanqueo para Ovelar.
Aplazado, pero millonario
La pareja conformada por el juez penal de garantías Elio Ovelar y la fiscal Marlene González es una de tantas familias que dejaron atrás los años de modesto pasar para vivir acomodados gracias al sueldo que reciben del dinero público.
Así al menos lo revelan las diferentes declaraciones juradas que presentaron ambos.
Ovelar empezó en la función pública declarando un patrimonio neto que alcanzaba apenas unos G. 142 millones. Su última declaración jurada data de febrero del año pasado. Para ese entonces, declaró un patrimonio de G. 2.118 millones.
Declaraba casas en Asunción y en San Bernardino, además de camionetas de lujo: mientras que su esposa declaraba poseer joyas y obras de arte por G. 160 millones.
Ovelar fue uno de los tantos magistrados aplazados en los exámenes de la Escuela Judicial realizada meses atrás. El magistrado demostró un paupérrimo nivel.
El mismo no fue capaz de alcanzar siquiera la nota mínima. Los exámenes eran de 250 puntos y se requerían apenas 150 para aprobar. Ovelar Frutos no llegó siquiera a esa cifra.
Ovelar Frutos se presentó para concursar por los cargos de juez penal de ejecución y para miembro del Tribunal de Apelaciones, pero quedó ubicado en el lugar 399, entre 498 postulantes, con apenas 115 puntos.
Resulta sospechoso que un magistrado que haya tenido pésimo rendimiento en los exámenes a los que se presentó aspirando a un cargo mayor, haya experimentado un crecimiento patrimonial de estas proporciones. El magistrado Ovelar y la fiscal González son padres de Marcelo Ovelar González, exadministrador de la Dinac, en el caso de los tapabocas de oro de la era de “Beto” Melgarejo.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/15/corte-nunca-investigo-a-juez-aplazado-millonario-y-complaciente-con-narcos/
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