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lunes, 15 de febrero de 2021

Contraloría habla de “direccionamiento” en la pasarela de ñandutí.

 La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en el que informó que se detectaron varias irregularidades en el proceso de la construcción de la polémica pasarela “de ñandutí”.



Paul Ojeda, Director General de Control de Contrataciones Públicas, mencionó a Radio Unión, que: “En cuanto a la pasarela encontramos alguna falta de aplicación de criterios establecidos en el pliego de bases y condiciones. Se presume un direccionamiento en el contrato y de cómo fue llevado adelante el proceso licitatorio atendiendo a las observaciones que se realizaron”.

Dijo que fueron halladas “cuestiones muy puntuales” dos adendas realizadas para añadir modificaciones en el contrato original, citando como ejemplo que la empresa adjudicada llamativamente era la única que cumplía con los requisitos técnicos establecidos.

“Había unas especificaciones, como certificaciones ISO y experiencias específicas, que hacía que otros posibles oferentes no puedan tener participación o presentarse a las licitaciones”, agregó en conversación con la 800 AM.

Indicó que no está mal que se realicen adendas, pero que estas tienen que realizarse antes de la apertura de sobres, lo cual no ocurrió así con el proyecto de la pasarela “de ñandutí”.

Refirió que, solicitarán al MOPC que no pague el 30% restante del pago total a la empresa Engineering SA por la obra, hasta que culmine un sumario abierto por la CGR.

La pasarela “de ñandutí” fue construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la avenida Ñu Guasu, en frente de la sede del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Su costo fue de USD 2 millones, aunque su valor real no pasa de USD 500.000, según los expertos, quienes también consideran innecesaria a esta obra, ya que no le resulta útil al peatón, pese a ello, la obra sigue desarrollándose.

La empresa Engineering SA, que se encargó de esta pasarela, no cuenta con buenos antecedentes, siendo el más resaltante el haber sido castigada por Itaipú por un plazo de 60 meses por discordancias documentales en un proceso licitatorio de la binacional que se sospecha que fueron cometidas “de mala fe” por parte de la firma.

Los detalles abajo:

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