Romero Roa fue removido del JEM por una cuestión política pero también por “supuestas irregularidades”

En primer lugar, el diputado Derlis Maidana reconoció que fue “más bien por el lado político que jurídico” que decidieron en las bancadas coloradas impulsar el cambio del diputado Ramón Romero Roa como representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Más bien por una cuestión de legitimidad, no de origen sino de ejercicio. Ramón Romero Roa, desde hace tiempo, esa legitimidad de ejercicio no la tenía más, por la pérdida de confianza -no solamente ahora, sino de hace un tiempo- de los colegas”, argumentó.

Admitió que estaban en conocimiento de que esta maniobra no está prevista por la ley. Sin embargo, recalcó que primó la “cuestión política” y dijo que saben que siempre hay resoluciones de la Corte Suprema en las que reponen a los que recurren y ahora están expectantes de los resultados de la acción de inconstitucionalidad presentada por Romero Roa tras su remoción.

No obstante, el presidente de Asuntos Inconstitucionales de la Cámara de Diputados también dijo que “aparecieron algunas denuncias” en contra de su colega y ello también sumó a las intenciones del cambio.

Cuando fue consultado por qué se da la pérdida de confianza de Romero Roa, dijo que dentro del pleno se presentaron denuncias de diputados del Partido Liberal sobre algunas supuestas irregularidades en su función, particularmente en el caso de un intendente en el departamento de Alto Paraná afiliado al PLRA.

“Aparecieron en poco tiempo algunas denuncias en su contra, de diputados y referentes de su departamento. Concretamente, criticó el diputado Manuel Trinidad, secundado por el diputado del PLRA Sergio López”, agregó en contacto con ABC Color.

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Cabe señalar que el artículo 190 de la Constitución Nacional indica que por mayoría de dos tercios se puede amonestar o apercibir a los miembros de la Cámara y por mayoría absoluta pueden removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema. Sobre el punto, el diputado dijo que ese planteamiento fue puesto en medio del debate pero hubo propuestas a favor y en contra.

“Y luego se votó y con 43 contra 23 triunfó la tesis del cambio del colega Romero Roa. Yo entiendo perfectamente y nosotros sabíamos eso, pero también es importante que el que vaya a esa instancia o en cualquier lugar de representación de la Cámara tenga esa legitimidad de ejercicio que proviene de sus colegas”, admitió.

En ese momento, recalcó que es una “cuestión política” que se cerró “dentro del paquete de la mesa directiva”, apoyados por miembros de la ANR y el PLRA. “Es lo que quisimos, y bueno, vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Pero por otro lado, en el caso de David (Rivas) es un joven que se recibió recién de abogado, que no está contaminado también con el tema que tanto también se nos achaca muchas veces”, añadió.

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Los diputados aprobaron el miércoles el proyecto de resolución que modifica la designación para miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con el fin de destituir a Ramón Romero Roa (ANR, abdista) como representante ante dicho organismo. Dicha moción fue presentada por el diputado Hugo Ramírez (ANR, cartista). También por mayoría nombraron al parlamentario David Rivas como su reemplazante.

Tras esa situación, Romero Roa aseguró que lo sacaron por intereses políticos del sector cartista. Aseguró que la vía correcta para apartarlo es el juicio político, no una resolución, pero señaló que sus colegas no tenían los votos ni tampoco causales. “Querían un secretario en el Jurado para que intermedie”, enfatizó con respecto a la presión que recibía para llamar a jueces o fiscales.

Ayer adelantó que esta mañana presentará una acción de inconstitucionalidad contra su remoción como representante de la Cámara Baja ante el JEM. Reveló que sus colegas se delataban y le decían que no servía como representante de la Cámara de Diputados porque no tenía autonomía en las decisiones que tomaba.

Mencionó por ejemplo que el diputado Esteban Samaniego (Añetete) -miembro de su propia bancada y quien está imputado por corrupción, y cuya esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (Añetete), también está investigada- presionó para que “llame a la magistrada o al fiscal ‘a ver en qué podemos ayudar’. "Y mi tarea no es esa. En estos dos años no tengo un magistrado que haya recibido mi llamada para dictar favorablemente a favor”, cuestionó.

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