Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determinados periodos de tiempo.
El titular de Seprelad contó que son los sujetos obligados los que deben reportar las operaciones sospechosas. A modo de ejemplo, dijo que durante la pandemia hubo 2.284 reportes de operaciones sospechosas: el 94% provino de bancos y el 6% restante de otras fuentes.
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Estos procedimientos están dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilad). Arregui precisó que Seprelad colecta información y reportes y, en el caso de hechos sospechosos, los remite a Fiscalía, que es la encargada de investigar. Detalló que, de 2.284 operaciones sospechosas, 25 fueron al Ministerio Público en los últimos tiempos.
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Además, reconoció que son estos sujetos obligados los que tienen el arbitrio de informar a Seprelad y que pueden no hacerlo si es que así lo desean. “Los reportes de operaciones sospechosas de una persona con el perfil político provienen del banco. Primero agota las instancias con su cliente, luego decide si remite o no. Puede evitar (hacer el envío)”, explicó.
Arregui no habló de casos específicos, pero en el caso de Horacio Cartes y en base a su declaración jurada, es él mismo el que tiene la potestad de informar o no de sus transacciones a Seprelad a través del banco del que es propietario, el Basa. En síntesis, controla todas las operaciones y decide si enviar o no reportes a Seprelad para posibles investigaciones.
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El titular de Seprelad dijo que el único ente del Estado que puede abrir investigaciones de oficio es el Ministerio Público. Cabe recordar que fue el mismo Cartes quien designó a Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado en 2017.
Arregui defendió el sistema de operación de control y dijo que es el mismo en varios países. Además, aseguró que varios casos de supuesto lavado se investigaron en los últimos años y que el control funciona en coordinación con la Contraloría, la Fiscalía, la Secretaría de Estado de Tributación o la Secretaría Anticorrupción.
Desde la publicación masiva de las declaraciones juradas ayer por la mañana y la exposición de varios casos a través de diferentes medios de comunicación no hubo investigación o interés de parte de ningún órgano de control del Estado, pese a las groseras evidencias que implicarían altísimos crecimientos en los patrimonios de altas autoridades del país.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2020/06/25/legislacion-permite-que-hc-controle-sus-propias-operaciones-a-traves-de-su-banco/
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