Los documentos, que ya fueron entregados a las cabezas de las respectivas instituciones, están avaladas con las firmas de más de 1.400 pobladores, que manifiestan ser de esta comunidad.
Acusan tanto al representante del Ministerio Público, Blas Pizzani, como al director policial del departamento, Silvino Jara, y al jefe de comisaría de esta comunidad, Blas Ortiz, de ser cómplices en el pedido de coimas a personas que se dedican a la venta de carnes vacunas en esta comunidad, como así mismo de maltratar a los pobladores.
Esta situación de enfrentamiento entre los acusados y los pobladores se acrecentó luego de que la comitiva judicial encabezada por el mencionado fiscal y el comisario Jara procedieron el pasado 20 de abril a despejar la barrera, colocada por pobladores de esta localidad a la entrada de la ciudad, a fin de realizar controles a personas que provienen de otras regiones, por el temor de ser posibles portadores del virus del COVID-19.
En aquella ocasión y luego de dicho procedimiento, un grupo de más de 80 personas se manifestaron horas después, exigiendo que de nuevo se implemente los controles a fin de proteger a las familias.
La comitiva fiscal-policial de nuevo se constituyó donde se realizaba la manifestación ciudadana y requirió a los manifestantes volver a sus hogares. Igualmente, el fiscal advirtió que todos serían imputados por violar la cuarentena sanitaria.
A partir de entonces, se produce este malestar de los pobladores contra estas autoridades, por lo que decidieron enviar el mencionado documento, solicitando el traslado del fiscal y de los altos jefes policiales.
En la nota se menciona que esta ultima situación fue la gota que colmo el vaso de las supuestas varias irregularidades que estaban cometiendo los hoy acusados, y que el objetivo principal tanto del fiscal como de los policías al despejar la barrera ciudadana, solo sería permitir la circulación de vehículos que transportan animales vacunos de dudosa procedencia.
En la nota también se acusa al director policial del departamento de ser el responsable del traslado de dos uniformados, por el simple hecho de que sus esposas participaron en la manifestación ciudadana.
Finalmente, los pobladores -al pedir que los mismos sean trasladados de este departamento- solicitan también a la Fiscalía General que las supuestas imputaciones que se viene preparando sobre las personas que participaron de dicha manifestación sean dejados sin efecto, ya que solo se buscaba proteger a los pobladores, alegan.
INTERESES POLÍTICOS
El comisario Jara, al ser consultado de la grave acusación que pesa sobre su persona y la de otro subordinado, dijo que no teme a ser investigado. Aseguró que se trata de falsas acusaciones, ya que “solo estaba cumpliendo con mi deber de mantener la libre circulación de personas, tal como lo garantiza la propia Constitución Nacional”.
Asegura que detrás de esto están políticos de la zona, quienes siempre estuvieron acostumbrados a meter la mano en la conducción policial, y que eso no sucederá mientras él esté al mando del departamento. Finalmente, dijo que el traslado de uniformados es de su exclusiva competencia, por lo que no cometió ninguna irregularidad.
El fiscal Pizzani también dijo que se trata de intereses políticos y que los hechos por los cuales se le acusa son totalmente falsos, por lo que desafió a que presenten las pruebas.
“Buscan amedrentarme a fin de que no cumpla con mi deber, considerando que existe todo un decreto que habla sobre la cuarentena sanitaria”, sostuvo.
“Voy a esperar que se me remita la nota desde el mismo Ministerio Público, a fin de ver qué acciones legales tomar contra estas personas, ya que están dañando mi reputación y honorabilidad”, señaló.
Mencionó finalmente que cuenta con pruebas de que numerosas firmas de estos supuestos pobladores son falsificadas.
source https://www.abc.com.py/nacionales/2020/05/15/en-fuerte-olimpo-piden-remocion-de-fiscal-y-jefes-policiales/
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